La oposición y los sindicatos arremeten contra la privatización del 'metro ligero'

"Despilfarro" y "encarecimiento" fueron dos de los efectos que pronosticaron ayer los grupos de la oposición (PSOE e IU) de la privatización de las líneas de metro ligero a Pozuelo, Boadilla y Sanchinarro-Las Tablas, cuyo concurso abrió el Gobierno regional el pasado 20 de abril. "Si el metro a Arganda [línea 9] ya nos cuesta un 30% o un 40% más que el resto de la red, esto va a costar un 80% más", afirmó el diputado socialista José Quintana. "Cuando se gestiona desde la inversión privada, sale más caro, porque debe haber beneficio empresarial", agregó el diputado de IU, Fausto Fernández. También los sindicatos UGT y CC OO cuestionaron la decisión y auguraron que los madrileños pagarán más.

La consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, recalcó ayer en la cadena SER que "la titularidad [de las líneas de metro ligero] sigue siendo pública", al tiempo que negaba que se tratase de una privatización. Justificó la operación en que la Comunidad de Madrid ha tenido que buscar vías de financiación después de haber tenido que asumir la deuda de Mintra, la empresa que construye el metro, por decisión de la UE.

"La privatización supone un despilfarro que vamos a pagar todos los madrileños", replicó el diputado socialista José Quintana, que predijo que la decisión del Ejecutivo regional traerá como consecuencia una "subida de los impuestos o del precio del transporte".

El diputado socialista calcula que el coste medio por usuario será en las líneas del suburbano a Boadilla, Pozuelo y Sanchinarro-Las Tablas de 3,53 euros, mientras que en la línea 9 a Arganda (la primera cuya construcción y mantenimiento fue cedida a una empresa privada) está situada en 1,75 euros. "El metro ligero será un 80% más caro", subrayó Quintana.

"Lo normal es que el Gobierno regional nos hubiera mostrado antes un estudio de lo que costarían estas líneas si las hace la Administración y qué coste tiene cuando son adjudicadas a un privado", precisó. Según el diputado socialista, el "problema es que el PP tiene ideologizada la privatización". Y aludió al peaje en la sombra que el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, implantó en 2001 en la autovía de circunvalación M-45.

Esta carretera fue construida por empresas privadas que cobran un peaje con cargo a las arcas de la Comunidad de Madrid, en función del número de vehículos que la utilicen anualmente. A cambio, quedan obligadas a la conservación y vigilancia de la carretera. En 2005, esto le costó al erario regional unos 50 millones de euros.

"Fue un espectáculo. Y en cinco años ya hemos pagado lo presupuestado, por lo que en los próximos pagaremos 30 veces más", afirmó Quintana.

También el diputado de IU Fausto Fernández hizo hincapié en que la M-45 es un precedente de esta nueva privatización. "Otro es el metro a Rivas y Arganda, que produce unos beneficios económicos a las empresas adjudicatarias que están por encima del servicio que dan", destacó. "Cuando se gestiona desde la inversión privada sale más caro, porque hay que amortizar la inversión y porque tiene que haber un beneficio empresarial".

Fernández aseguró que la medida supone un "precedente muy negativo" y lo calificó de "preocupante". "Esto implica la pérdida de recursos públicos, iniciar una privatización que no sabemos dónde puede acabar y no va a garantizar la seguridad, porque a veces cuesta dinero", agregó. El diputado de IU se quejó de que el Gobierno regional se escude en las "obligaciones que impone la Unión Europea" para justificar el déficit financiero y acuda a la privatización, "cuando es un error suyo de mal cálculo", zanjó.

El secretario de Metro de UGT, Fernando Chicharro, planteó las dudas que le suscita a su sindicato la situación en la que quedarán los empleados del suburbano. "No sabemos si se va a gestionar como Metro o como una empresa privada. Y en este último caso, supondrá un trabajo de peor calidad y menos seguridad", agregó.

Según Chicharro, el metro debería ser "un transporte público y en condiciones". También se preguntó qué ocurrirá con la ampliación del metro. "¿Es que Aguirre aspira a privatizar toda la red?", planteó.

Desde CC OO, el secretario de Transportes y Comunicaciones, Juan Antonio Olmos, afirmó que la operación "no tiene sentido, salvo que sirva para camuflar la deuda ya consolidada de la Comunidad". También recalcó que a su sindicato le disgusta la solución: "La deuda no se reduce artificialmente, por lo que tendremos que pagarla de otra forma, como ocurrió con el metro a Arganda".