Los distintos sectores fijan posiciones ante la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual está en el Senado con 84 enmiendas a pesar de que salió del Congreso con el apoyo casi unánime de los parlamentarios. Ha habido algunos giros significativos como el de los senadores del PP, que en 2005 impulsaron una moción contra el canon y ahora apoyan la reforma que lo consagra.

Cuando la reforma salió del Congreso, la Sociedad General de Autores de España (SGAE) hizo un duro manifiesto contra la misma por tres motivos. Porque se limitaba la copia privada cuando se hubiera obtenido de un "ejemplar adquirido legalmente", porque consideraban que se reducían los derechos de remuneración de los autores de obras audiovisuales y porque se crea una comisión arbitral a la que es posible acudir cuando no hay acuerdo sobre el precio entre las sociedades de gestión y quien quiera adquirir la explotación de un repertorio. Eduardo Bautista, presidente ejecutivo de la SGAE, considera que habría sido mejor trasponer tal cual la directiva europea, origen de la reforma, y abrir un debate con otra metodología para redactar una nueva ley para el siglo XXI.

Punto polémico

En cualquier caso, vistas las enmiendas presentadas, Bautista considera que podrá corregirse la expresión "ejemplar adquirido". Bautista también espera que lo que considera un recorte de derechos de remuneración de los autores de obras audiovisuales (90.4) se supere atendiendo a varias enmiendas presentadas. Para la SGAE, el texto del Congreso diferenciaba el mundo analógico y el digital, y penalizaba a los autores audiovisuales de éste. Los sectores que critican esta remuneración alegan que se produce un doble pago por un mismo acto de explotación: el autor ya cobra del productor para que éste puede distribuir la obra y quien adquiere los derechos debe realizar un nuevo pago al autor. A juicio de Bautista, este nuevo pago es lógico porque "cuando en un nuevo eslabón del proceso se produce un valor añadido, se crea un nuevo derecho. No se puede pretender pagar al autor una vez y no hacerlo cuando se produce valor añadido en el resto de eslabones".

Algunas asociaciones, como la de cines, han solicitado una ventanilla única donde liquidar con las distintas sociedades de gestión. Lo piden por la proliferación de entidades y la alta complejidad en el cálculo de las cuotas que se deben abonar a las entidades. Bautista cree que la ventanilla única no puede llegar porque una ley la imponga, sino por la propia dinámica del sector si resulta más eficaz. En el texto inicial se hablaba de negociación única, pero ha desaparecido en posteriores redacciones.

En el asunto donde la SGAE sigue combativa al cien por cien es en la comisión arbitral, que ningún partido enmienda en el Senado. Esta comisión de arbitraje actuaría cuando una de las partes en conflicto acuda a la misma. Ahora, este arbitraje sólo es posible si lo piden las dos partes. La decisión de la comisión no bloquearía acudir a los tribunales, pero impediría que el desacuerdo paralizara la actividad. Bautista considera que "esto no es un arbitraje, sino una comisión ministerial que fija tarifas. Para que haya arbitraje han de ser las dos partes las que lo soliciten. Si la entidad de gestión pide el 4% y la otra parte ofrece el 0,5% la tentación de la comisión será hacer la media. ¿Qué tarifa arbitrará el Gobierno cuando una de las partes en litigio sea la televisión pública?".

Bautista rechaza que el modelo actual dé a las entidades de gestión una posición dominante porque tienen la exclusiva sobre los derechos. "Si alguien no está de acuerdo con la tarifa propuesta puede consignar la que crea pertinente e ir a los tribunales. Si estamos en una sociedad de mercado, dejemos que actúen las fuerzas del mercado".

Radicalmente contraria es la opinión de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). La semana pasada, en un comunicado considera que la reforma puede abrir la puerta a sistemas equitativos en la retribución a los titulares de derechos, y dejar atrás " la arbitrariedad de la que han venido disfrutando las entidades de gestión".

UTECA reitera su oposición al doble pago de derechos para una misma utilización, pero considera que la comisión arbitral "podrá dar solución a los más de 7.000 pleitos" que hay en los tribunales y evitar que vuelva a generarse tanta litigiosidad, "que demuestra la ineficacia e injusticia del actual sistema". También critica que las sociedades de gestión, "pueden existir en número indeterminado y fijar libremente sus tarifas, sin que ninguna instancia pueda determinar si son o no abusivas". La asociación insiste en que "las entidades de gestión de derechos deben aceptar dicho organismo porque es la garantía de que no se produzcan abusos" , y declara que "estas entidades deben trabajar para evitar el alejamiento que se está produciendo entre los intereses de las entidades y los de los autores porque la gestión colectiva en el siglo XXI requiere instrumentos distintos ".

José Manuel Tourné, director general de la Federación Antipiratería (FAP), considera que la ley será una ayuda para poner barreras a la piratería y dotar a los jueces de herramientas para combatirla. "Creo que los partidos y Cultura están haciendo un esfuerzo importante con una ley que no es fácil". En opinión de Tourné, el artículo 31.2 restringiendo la copia sólo cuando hay acceso legal a la obra y para un uso personal, acota el concepto. "Piense que, en 2004, se descargaron en España 16,5 millones de filmes ilegalmente, el top manta distribuyó otros 17 millones, pero las copias regaladas o, mayoritariamente, vendidas a compañeros o amigos, llegaron a 37 millones". La FAP defiende que haya desaparecido la mención de que los sistemas anticopia deban permitir un mínimo de tres. Ahora no se fija mínimo. "La copia privada no es un derecho que tiene el ciudadano, sino una limitación del derecho del titular de la obra. Por eso, la copia sólo puede obtenerse por una persona física, de una obra legal y sin ánimo comercial y, además, según la ley vigente, que no lesione la normal explotación de la obra o perjudique injustificadamente a su titular". De ahí, prosigue Tourné, que la reforma (161.4) restrinja las circunstancias en las que el usuario tiene derecho a exigir el levantamiento de medidas tecnológicas que protegen la obra de copias. Tourné cree que el debate del canon se ha agudizado porque "la actual regulación facilita una remuneración por copia privada demasiado amplía que puede dar lugar a que algunos sectores piensen que las entidades de gestión reciben excesiva compensación".

Alfonso Ruiz de Asín, secretario general de la AERC, que representa a las radios comerciales, considera que habría sido preferible abordar una reforma integral, pero destaca el consenso alcanzado y que se plantea una reforma en coherencia con Europa.