El pesado de Milà

Dicen que, preguntado el responsable del asunto por qué tenía que cesar Salvador Milà como consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el único argumento que apareció como complementario al de la cuota que pagar por Iniciativa en la crisis de Gobierno fue: "Es que es muy pesado". No parece un argumento de mucho peso (perdonen el chiste fácil). La pesadez de Milà acarreaba castigo, mientras que en otros casos, imagino, se supone que fue la liviandad la que acabó generando similares consecuencias. Lo cierto es que desde los lejanos inicios del atormentado viaje del tripartito, el hecho de encomendar la cartera de Medio Ambiente a ICV-EUiA ya fue objeto de polémica y de inquietud. Se decía que si los ecosocialistas se ocupaban del tema medioambiental iba a provocar tensiones sin fin e iba a suponer poco menos que el parón definitivo al desarrollo económico e industrial del país. La composición final del Gobierno reflejó la presencia de un consejero de Iniciativa al frente de una macrocartera como era la de Medio Ambiente y Vivienda, dos cuestiones muy significativas en la agenda social del país después de los años de CiU, en que ni uno ni otro tema fueron considerados prioritarios.

En estos dos años largos de Gobierno del tripartito, los malos presagios no parecen haberse cumplido. Han existido tensiones en el proceso del túnel de Bracons, en la extensión de la Red Natura 2000, en el tratamiento de residuos, en temas energéticos o en el tema estrella, el de la vivienda. Pero en todas estas cuestiones y en otras similares, más bien la posición resultante final de las decisiones y políticas impulsadas por Milà y su departamento, ha sido la de implementar los compromisos del Tinell, tratando al mismo tiempo de conciliar las exigencias ambientales y las que resultaban de los intereses de colectivos territoriales, de regantes o de empresarios industriales o turísticos. En muchos casos esto ha supuesto las críticas de los sectores ecologistas que precisamente han ido acusando a Milà y a su equipo de ser excesivamente tolerantes con los "desarrollistas". La gente de Salvem les Valls acusaron al Gobierno recién instalado de traicionar sus promesas al acabar construyendo el túnel de Bracons, aunque fuera con notables modificaciones que trataban de reducir su impacto. Los agricultores se quejaban de que a Milà le parecían preocupar más los pájaros que las personas cuando trataba de ampliar la red Natura 2000, pero muchos ecologistas consideran que a estas alturas el priorizar los regadíos con la costosísima construcción del Segarra-Garrigues es una locura que no sólo no casa bien con el desarrollo de los países del sur, sino que además acabará destruyendo la riqueza biológica de las zonas esteparias. En los temas de residuos, Milà y su equipo han tratado de extender su recuperación y tratamiento, al mismo tiempo que su minimización. Y eso le ha generado críticas de los "quemadores", que abogan por incrementar la incineración tras las mejoras técnicas que se han ido introduciendo en el proceso. Mientras que por el otro lado, y con razón, los ecologistas insisten en que Milà se ha ido quedando a medias, contemporizando con la incineración que, de hecho, desincentiva la reducción de residuos e insiste en las políticas de "final de cañería". Y no digamos si hablamos de energía, donde las críticas de los ecologistas han sido y son feroces, tanto en lo referente a las líneas de alta tensión como en relación con las centrales de ciclo combinado. Incluso en los temas del agua, en los que Milà ha estado siempre cercano a las tesis de la Fundación de la Nueva Cultura del Agua, y que de hecho inició su mandato con la clara oposición al Plan Hidrológico Nacional, su apuesta por temas de participación (reforzada por la directiva europea al respecto) le ha acarreado muchas incomprensiones. Incomprensiones de las tradicionales élites de las políticas hídricas, que desde posiciones aparentemente técnicas, tratan de resistir el abrir y compartir los procesos decisionales en materia de agua, en un tema que sabemos lleno de rivalidades en los usos del agua y cargado de elementos identitarios y sociales.

Si nos referimos a los temas de vivienda, justo es mencionar que las políticas emprendidas por el equipo Salvador Milà-Ricard Fernández-Carme Trilla se sitúan a años luz de lo que había venido siendo la no política de vivienda de los sucesivos gobiernos de CiU, unos gobiernos que habían convertido Adigsa e Incasol en instituciones que parecían servir de todo, menos para lo que formalmente habían sido creadas. Las distancias entre lo hecho y lo que sería necesario en temas de vivienda pública son aún evidentes. Pero nadie puede afirmar que el camino emprendido no es un claro y positivo cambio de tercio con relación a lo que no se había hecho. Y para muestra el proyecto de ley de vivienda que emprendió el martes su andadura parlamentaria.

¿Es un pesado Milà? ¿Y a quién le importa? ¿Nos hemos de dedicar a evaluar la afabilidad, empatía, inteligencia emocional o capacidad de seducción de cada consejero, o más bien nos hemos de dedicar a analizar sus políticas? ¿Han de estar contentos los portadores de intereses que rodean cada política pública? ¿El que lo estén es un buen signo o un mal signo con relación a la labor que un político hace cumpliendo sus compromisos con la ciudadanía? ¿Estaba o no siguiendo el consejero Milà los acuerdos que se expresaron en el Pacto del Tinell? Mal vamos si los únicos argumentos que tenemos para justificar el reparto de premios y castigos de una reforma política es el grado de pesadez de cada responsable departamental. Sobre todo si mientras hablamos de reforzar la "cultura de la coalición", lo que realmente hacemos es gestionar las crisis de gobierno por cuota de partido. Si la señal que estamos lanzando es que Milà se ha extralimitado con sus políticas, y ha molestado con su testarudez y coherencia política a los sectores tremendamente poderosos que estaban siendo afectados por las políticas emprendidas, la conclusión no puede ser más pesimista. Sólo nos queda ver cómo de "pesado" acabará siendo su sucesor.

Joan Subirats es catedrático de Ciencias Políticas de la UAB.