El TSJA anula la suspensión del pago a los abogados por atención irregular a inmigrantes

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado dos sentencias en las que anula sendas órdenes de la Consejería de Justicia por las que denegó, a finales de 2003, el pago de servicios de asistencia jurídica que prestó medio centenar de abogados de Cádiz. La Junta justificó su acción en que la atención letrada a los inmigrantes indocumentados fue "irregular". Según el TSJA, Justicia se "atribuyó competencias que no le incumben" al cuestionar técnicamente la actuación profesional de los letrados.

La Consejería de Justicia declinó ayer pronunciarse sobre estos fallos judiciales hasta conocer el contenido de las dos sentencias, a las que, según informó un portavoz de la Junta de Andalucía, no ha tenido "todavía" acceso.

La ex consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, acordó los pasados 4 de noviembre y el 16 de diciembre de 2003 suspender el pago a 47 abogados de Algeciras que atendieron "irregularmente" a inmigrantes en el turno de oficio. Según los datos analizados en su día por la Junta de Andalucía, en más de un millar de expedientes de dos trimestres de ese año detectaron que estos abogados presentaron recursos fuera de plazo, utilizaron legislación derogada o emplearon formularios y modelos idénticos para personas diferentes.

Apoyo a la medida

"Tenemos que tener control del gasto del dinero público y hemos detectado que las cosas no funcionan bien en Algeciras", explicó entonces Hermosín. De igual manera se pronunció el entonces director general de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Junta de Andalucía, Julio Coca. Justificó la decisión del Gobierno andaluz para evitar que persistan "algunas situaciones de desamparo". "No puede admitirse que en algunos casos puntuales y mucho menos cuando afecta a personas cuya tutela de derecho es incluso más necesario que en casos normales cuando hablamos de inmigrantes", dijo entonces.

Estas denuncias fueron refrendadas semanas más tarde por el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, quien en un informe criticó la "deficiente" atención legal que prestaron algunos abogados a inmigrantes "sin la mínima garantía, eficacia, rigor y profesionalidad que la ley exige" y recomendó al Colegio de Abogados de Cádiz que "investigue y sancione" a los abogados que hayan podido cometer irregularidades.

No compartió estas denuncias el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Antonio Gutiérrez Trueba, quien defendió la atención "abnegada y ejemplar" que prestan los letrados gaditanos a los inmigrantes en el turno de oficio e incluso detalló que algunos abogados, en un exceso de celo, "contrajeron enfermedades contagiados" por los inmigrantes. Adujo estos argumentos en un escrito que remitió al Defensor del Pueblo español, Enrique Mújica. Al mismo tiempo, denunció judicialmente la decisión de la Junta de suspender el pago. "Algunas de las opiniones que se han vertido por determinados organismos o autoridades provienen del escaso o nulo conocimiento que tienen de la función del abogado", lamentó el presidente del Colegio de Abogados.

Ahora la justicia da la razón a los letrados gaditanos, según informó ayer en un comunicado este colegio profesional. "Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre otras cuestiones, critican a la Consejería de Justicia por haberse atribuido una competencia que no le incumbe, al revisar técnicamente las actuaciones profesionales de los letrados conforma a las normas deontológicas, cuando sólo el Colegio de Abogados tiene facultades para ello", informaron ayer los abogados gaditanos, que detallaron que el TSJA "rechaza" el argumento que empleó la Junta para suspender los pagos de que los letrados "vulneraron la Tutela Judicial efectiva de los asistidos".