Pla propone una renta mínima de 513 euros para combatir la exclusión social

Los socialistas valencianos registraron ayer en las Cortes Valencianas un anteproyecto de ley de renta mínima para atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Joan Ignasi Pla, secretario general del partido, propuso el pago de una prestación de 513 euros mensuales de la que se beneficiarían unas 115.000 familias valencianas que rozan el umbral de pobreza. Pla criticó que el Con-sell dedique sólo dos millones de euros en 2006.

El portavoz del Grupo Socialista recordó que el anteproyecto de ley, registrado ayer por su grupo en las Cortes, se presenta como desarrollo del artículo 15 del nuevo Estatut d'Autonomía, donde se establece que ningún ciudadano quede excluido del sistema básico de protección y bienestar. "Es [el anteproyecto] un seguro contra las políticas antisociales del PP", defendió Pla, quien criticó el nulo apoyo económico que se ha dado en sus once años de gobierno a los excluidos. Según recordó el dirigente, los socialistas fueron los primeros en regular en 1990 una prestación económica reglada y cuando perdieron el gobierno de la Generalitat, en 1995, la partida dedicada a este menester ascendía a 1.400 millones de las antiguas pesetas. La Generalitat, gobernada por el PP, ha dejado esta partida reducida en 2006 a dos millones escasos de euros (unos 350 millones de pesetas). "Mucha gente ha quedado excluida con el sistema del PP", apostilló.

El anteproyecto de ley presentado ayer representa, según dijo Pla, "la apuesta de los socialistas por recuperar ese compromiso social". El texto, que se presentará a sindicatos, ONG y otros colectivos sociales, regula una renta mínima garantizada equivalente al 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 514 euros mensuales. Dado que de acuerdo con los datos del INE en la Comunidad Valenciana existen unas 115.000 familias por debajo del umbral de pobreza, los socialistas estiman que serían necesarios de 118 a 430 millones de euros anuales para cubrir esta prestación que, según Pla, debe ser un derecho ciudadano de carácter universal, sin limitación presupuestaria y de actualización automática.

Los colectivos protegidos por este anteproyecto serían las unidades familiares que por razones de supervivencia necesitan recibir esta percepción y los que soportan niveles de exclusión social, para los que la ley prevé incentivos y programas de inserción unidos a la prestación económica.

Para ser beneficiario de la prestación hay que tener de 25 a 65 años -los menores de 25 también serán potenciales beneficiarios si acreditan que son cabeza de familia-, estar empadronados y llevar un año como mínimo residiendo en la Comunidad. No existirán limitaciones para los extranjeros siempre que se pruebe la residencia legal en España. La gestión de la percepción se tramitará a través de los ayuntamientos que lo soliciten, mediante un convenio con la Generalitat.

Pla explicó que la presentación del anteproyecto -el Consell ha anunciado la redacción de otro sobre renta de ciudadanía- responde al deseo del PSPV por exponer a la ciudadanía cuál es "nuestra alternativa de gobierno", pero también queremos que el Consell lo incorpore cuanto antes.

Tras la presentación del anteproyecto, Pla se entrevistó con el portavoz del Grupo Popular, Serafín Castellano, para abordar el método de trabajo que guiará tanto el desarrollo de las leyes anexas a la reforma presupuestaria -la de publicidad institucional, la de creación del Consell Audiovisual o la ley electoral, entre otras-. Ambos portavoces acordaron abordarlas cuanto antes con el mayor consenso posible. Pla aprovechó la conversación con Castellano para trasladarle que su grupo está a favor de que Bernardo del Rosal siga al frente de la Sindicatura de Greuges.