Violencia inmobiliaria

Tenemos un grave problema, revestido de muy diversas formas, que se llama acceso a la vivienda. El domingo pasado EL PAÍS informaba de datos escalofriantes: tenemos en España más de tres millones de pisos vacíos; el 15% de las viviendas son de alquiler, frente al 30% de media de la Unión Europea; el Gobierno español ha conseguido que en seis meses la Sociedad Pública de Alquiler, anunciada a bombo y platillo por la desaparecida ministra de Vivienda, haya facilitado el alquiler de apenas 1.000 pisos con la garantía del Estado frente a una posible morosidad de los arrendatarios. Pobres resultados para tan ingente tarea. El pasado 4 de diciembre, el director general de Vivienda, Rafael Pacheco, afirmaba también en EL PAÍS que la creación del flamante Ministerio de la Vivienda "elevaba el problema de la vivienda a la categoría real que tenía para los ciudadanos", y aseguraba que se trataba de conseguir que "cada vez más ciudadanos accedan a una vivienda digna en condiciones que les suponga un menor esfuerzo medido en porcentaje de su renta disponible". Unas líneas más abajo, la experta Teresa García Alba afirmaba que el plan del nuevo ministerio era "antiguo, desacreditado, demostradamente ineficaz", y señalaba que más que un ministerio absolutamente redundante con las competencias de las comunidades autónomas, lo que se necesitaba era que la vivienda fuera prioritaria en la política económica y financiera del Gobierno. Y ese es el quid de la cuestión. No hay quién se atreva en este país a tomarse en serio el asunto de la vivienda, si ello puede perjudicar a la gran coalición incentivos fiscales-promoción inmobiliaria-entidades financieras que sostiene eso que llaman la "economía de España" (economía que nunca me he encontrado por la calle) y los pingües beneficios de unos cuantos espabilados.

En Cataluña la cosa no está mejor. En un informe presentado hace menos de un mes por la Dirección General de la Vivienda de la Generalitat, se nos informaba que la accesibilidad a la vivienda de nueva construcción (un indicador que reflejaría el esfuerzo económico que se ha de realizar para pagar la nueva vivienda) se ha incrementado de nuevo, y representa ahora para una familia con ingresos iguales a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, el 72,7% de sus ingresos mensuales. Pero atención, si esa familia quisiera comprar ese piso en Barcelona, la cifra alcanzaría el 99,7% de sus ingresos. El precio medio de una vivienda nueva sigue creciendo cada año por encima del 20%, pero los de segunda mano también han subido el 18%, y el precio de los alquileres el 12% (y el IPC sin enterarse). Lo más increíble es que la construcción de viviendas no para de crecer. Por cada vivienda que se construía en 1997 ahora se construyen dos. Y el boom inmobiliario se extiende por todo el territorio, con especial incidencia en las zonas turísticas. Como es lógico, dado el modelo fiscal-inmobiliario-financiero en el que estamos metidos, los impactos de todo ello en el mercado de hipotecas siguen siendo espectaculares. Un cuarto de millón de hipotecas nuevas en el año 2005 con un valor medio por hipoteca de casi 150.000 euros nos indican que la cosa sigue estando al rojo vivo.

Ha aparecido un volumen editado por Edicions Bellaterra y que se distribuye gratuitamente, que lleva por título El cielo está enladrillado. Se trata de un trabajo impulsado por el Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística (www.bcnviu.org) y que reúne diversas aportaciones de otros tantos colectivos de toda España que denuncian la gravedad de la situación, y el clamoroso contraste entre las declaraciones de derechos, las promesas oficiales y la durísima realidad de todos aquellos que quieren acceder a una vivienda o de aquellos que disfrutando de ella, ven como son sometidos a todo tipo de presiones para que la liberen y se pueda rentabilizar, es decir, multiplicar los beneficios de sus propietarios o de los promotores al acecho. Las cifras que se aportan refuerzan lo dicho. Desde finales de 1997 hasta ahora, las viviendas han aumentado su precio el 150% y los salarios lo han hecho el 34,5%. El endeudamiento medio de los hogares alcanzó el 60% en 2004. Las hipotecas son cada vez más accesibles y más largas, con los efectos que todo ello genera en la propia autonomía y la manera de afrontar la vida. Por lo que sabemos, no existe en España ni hay previsiones de que se legisle sobre ello normativa alguna que limite el peso de una hipoteca en el conjunto de rentas disponibles en porcentajes del 20% o del 30%, como existe en otros países.

Ante esa situación, ¿qué políticas se están llevando a cabo? Si nos referimos a las iniciativas de la ministra Trujillo, lo único que vemos es un conjunto de medidas propagandísticas, que tienen básicamente como objetivo establecer paliativos a los dificultades de acceso a la vivienda, pero que en absoluto modifican el sistema fiscal-inmobiliario-financiero, ya que "[de estallar la burbuja inmobiliaria, ello] comportaría efectos nefastos para el sector financiero, de la construcción y el consumo interno" (Miguel de Sebastián, Cinco Días). En la Generalitat, se reconoce el problema, lo que ya es mucho. En la exposición de motivos del anteproyecto de Ley del derecho a la vivienda (www.mediambient.gencat.net), se afirma que "cada vez los sectores más sensibles como los jóvenes, la gente mayor, los inmigrantes, las personas en situación de riesgo, padecen situaciones de marginalidad o de exclusión del derecho a la vivienda... las causas de esa realidad las hemos de encontrar en el fracaso de las políticas de vivienda tradicionalmente adoptadas tanto en España como en Cataluña". Más claro imposible. El propio título del proyecto de ley indica que se quiere ir más allá de la clásica política de paños calientes en este trascendental tema, y además reconoce que no se trata sólo de construir viviendas con fines sociales, sino de intervenir en el mercado libre, que sigue siendo el claramente decisivo. La tramitación de la ley promete ser uno de los momentos decisivos de esta legislatura, si nos atenemos a las primeras reacciones que se suscitaron ante la publicación del anteproyecto. Al margen de ese anteproyecto, las actuaciones impulsadas hasta ahora han significado un cambio de rumbo significativo y meritorio, pero con resultados globales aún escasos si los comparamos con la magnitud del problema. Estamos ante un asunto en el que está en juego la credibilidad de las fuerzas políticas de izquierda del país. Y para afrontarlo ha de cambiar la base fiscal-inmobiliario-financiera del actual sistema. El problema es que la madeja está muy enmarañada y que no la desenladrillaremos sin el esfuerzo de todos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.