Roca únicamente reconoce ante el juez la propiedad de dos pisos y siete caballos
El asesor de Marbella dice que sólo asesora a las 120 firmas investigadas en la Operación Malaya
Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción desmantelada en Marbella hace dos semanas, ha desmentido ante el juez del caso, Miguel Ángel Torres, que posea un patrimonio tan vasto como le atribuye. Sólo reconoció la propiedad de dos pisos y siete caballos, y cifró en un mero asesoramiento su vínculo con las 120 inmobiliarias que la policía le achaca manejar a través de testaferros. El juez de la Operación Malaya no le dio crédito, y ordenó su prisión por creer que oculta sus ilícitas ganancias bajo "una complejísima estructura societaria en la que cuenta con una serie de testaferros".
Frente a las pruebas de las que hizo gala el juez (como grabaciones, anotaciones manuscritas de órdenes a sus supuestos testaferros, etcétera), Roca mantuvo que su patrimonio era modesto y conforme a sus ingresos, que detalló. Aseguró que cuando trabajaba como gerente de Urbanismo con Jesús Gil tenía un salario de 361.000 euros netos al año, y ahora con Marisol Yagüe ganaba 180.722 euros como asesor de Urbanismo, más sus cobros extra como asesor privado de empresas inmobiliarias, ya que no se le exigía exclusividad alguna.
Sobre sus supuestas 120 empresas, mayoritariamente inmobiliarias manejadas por presuntos testaferros, cuya propiedad le atribuye la policía, explicó que su relación con ellas se reducía a un contrato de asesoramiento con sus administradores societarios por el que percibiría una cantidad cuando vendiesen sus inmuebles. Según detalló Roca al juez, tenía pactado el cobro de un porcentaje entre el 2,5% y el 3%, sobre el precio de cada venta.
Reconoció la propiedad de apenas siete caballos del centenar que poseía la cuadra hallada en la finca Marqués de Velilla, en Marbella. En relación con sus propiedades inmobiliarias, sólo admitió la propiedad de dos pisos en Marbella comprados a Jesús Gil en 1988. Recalcó que cuando los adquirió estaban a nombre de una sociedad de Gibraltar, y así los mantuvo.
Recalcó que ni era funcionario ni tenía poderes formales para poder tomar decisiones dentro del ayuntamiento. Sobre las grabaciones policiales que se le han efectuado, donde él negocia el precio del contrato de una grúa con el detenido Ismael Pérez Peña, aseguró que sólo hizo una labor de intermediación para que el Ayuntamiento de Marbella no se quedase sin ese servicio. Y negó haber recibido contraprestación en dinero o en especie.
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