El PSPV pide explicaciones al alcalde por el "falso archivo" del 'caso Calp'

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Calp pedirá explicaciones en el próximo pleno municipal al alcalde, el popular Javier Morató, después de que el pasado martes el equipo de gobierno asegurara en una nota de prensa que el caso Aguas de Calp fue archivado el pasado mes de noviembre. Los socialistas, sorprendidos con las declaraciones de los populares, reiteraron ayer que el caso, abierto por supuestas irregularidades en la subcontratación de las obras de la red de agua potable de Calp, no está cerrado y se encuentra en estos momentos a la espera de la decisión de la Audiencia de Alicante.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmaron ayer a este diario que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, encargado del caso, no ha acordado su sobreseimiento. Sí dictó el pasado noviembre un auto de archivo al no encontrar, con las pruebas que obraban en su poder, indicios de delitos penales, y advirtió a los perjudicados que podían recurrir a la vía del contencioso-administrativo.

Trasladado este auto a las partes -la resolución no era firme-, la fiscalía presentó recurso contra la decisión del juez de Dénia y que ahora deberá resolver la Audiencia de Alicante. El fiscal solicitó que el caso siga abierto, así como una serie de nuevas diligencias después de que se hayan conocido nuevos datos en relación con la subcontrata de la obra. El ministerio fiscal pedía en su escrito que declaren en calidad de imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp Juan Roselló, a la sazón concejal del PP, y Francisco Zorrilla, así como empresarios supuestamente implicados en el caso, que arrancó tras la adjudicación en 2004 por parte del Ayuntamiento de Calp, gobernado por mayoría por el PP, de las obras de mejora de la red de agua potable.

El contrato se adjudicó a Aguas de Calp, concesionaria del servicio en esta localidad, por unos 3,5 millones de euros, para poco después subcontratar las obras por dos veces a empresas sin experiencia hidráulica alguna. Los partidos de la oposición (PSPV, Bloc y PSI) en el Ayuntamiento de Calp crearon una comisión de investigación en el consistorio -de la que el PP se autoexcluyó- y al final elevaron un informe de conclusiones a la fiscalía de Alicante donde apreciaban indicios delictivos en el proceso de subcontratación de estas obras.

Los socialistas de Calp insistieron ayer en que el archivo del caso no es posible por el recurso del fiscal, y por la personación de la Unión de Consumidores (UCE) en forma de querella contra los responsables del "sobrecoste de las citadas obras", que deberán de pagar los vecinos de esta localidad en sus recibos del agua. UCE alude a un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, que estima un sobrecoste del 100%.

"El asunto está vivo y bien vivo, y con la estrategia de engaño del PP, sólo se intenta esconder la verdad", subrayó el grupo socialista de Calp en otro comunicado emitido ayer.