Detenido el jefe de una obra de Torrejón tras la muerte de un peón

La juez estima que la falta de medidas de seguridad causó el accidente

La juez de guardia de Torrejón de Ardoz decretó anoche la detención del responsable de una obra en la que horas antes había fallecido un obrero subcontratado, de 53 años, al caer desde un tercer piso. CC OO denunció que la obra no tenía las vallas protectoras pertinentes. Otro trabajador de la construcción, también empleado a través de una cadena de subcontratas, sufrió fractura de una vértebra en otra caída en unas obras en la capital.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía explicaron que la juez adoptó la decisión tras estimar que las obras "no reunían las medidas de seguridad necesarias". El detenido, cuya identidad no trascendió y que a las nueve de la noche permanecía en dependencias policiales, pasará hoy a disposición judicial, según estas fuentes.

El accidente mortal ocurrió a las 12.05 en una promoción de viviendas que están siendo edificadas en pleno centro de Torrejón de Ardoz, muy cerca del Ayuntamiento de la ciudad. Juan Vizcaíno Mateo, nacido en 1952 y de nacionalidad española, murió al golpearse repetidamente en la caída contra las paredes del inmueble hasta chocar con una verja. Los bomberos tuvieron que intervenir para recuperar el cuerpo de la que se ha convertido en la víctima mortal número 46 de la siniestralidad laboral en la región este año.

CC OO denunció que las obras de construcción incumplen la normativa laboral, ya que no existía ninguna valla de protección que hubiera frenado la caída del fallecido. "Esta muerte muy probablemente se podría haber evitado", lamentó el secretario de Salud Laboral de CC OO, Carmelo Plaza. Vizcaíno Mateo trabajaba para la empresa Pacheco Navarro SL. "Esta compañía es una subcontrata de Promociones Pozoaldea o de Viguermo, las dos empresas responsables de la promoción, según el cartel de las obras", añadió Plaza.

Unas tres horas antes, Alberto Ferrer Serrano, de 23 años, resultó herido muy grave al caer desde tres metros de altura en las obras de rehabilitación del número 431 de la calle de Alcalá, en el distrito de Ciudad Lineal.

La rotura de la cinta transportadora con la que estaba vaciando el sótano fue la causa del accidente. Ferrer sufrió fractura de una vértebra y pérdida parcial de una oreja, según CC OO. "La herida en la oreja ha dado un gran susto al principio, porque pensábamos que sufría pérdida de masa encefálica por la gran cantidad de sangre que ha salido de la herida", explicaron fuentes sindicales.

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El trabajador estaba anoche ingresado en el hospital de La Paz. No se temía por su vida, pero sí por las secuelas que pueda provocarle la lesión en la columna.

Equipos manipulados

UGT denunció que la obra está "llena de irregularidades" y que, tras el accidente, los equipos de trabajo "habían sido manipulados". La empresa principal, Gilmar, había subcontratado a Pedro Serrano SL -propiedad del tío del trabajador herido- parte de las obras, y ésta, a su vez, había vuelto a subcontratar funciones al herido.

"Esta irregularidad se ve agravada por el hecho de que el vaciado del sótano con cinta transportadora no figuraba en el plan de seguridad", denunció Plaza.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid aprobará una declaración institucional, a petición de IU, a fin de "concienciar a la sociedad y a las administraciones públicas de que tienen que trabajar conjuntamente para que los riesgos en el trabajo sean cada vez menores", según acordó ayer la Junta de Portavoces.

El texto de la declaración será consensuado por los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU), y se aprobará en el pleno del próximo 20 de abril. Además, el grupo socialista llevará a ese pleno una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno regional "más recursos económicos y humanos".

La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Matilde Fernández, afirmó que la situación de la siniestralidad laboral en Madrid es "grave" y acusó al Gobierno de Esperanza Aguirre de no tener la siniestralidad como prioridad política. Fernández también recordó que el último informe del Tribunal de Cuentas recomendó al Gobierno regional "vigilar mucho más las subcontrataciones".

Por su parte, la portavoz adjunta de IU, Marga Ferré, reclamó un "plan de choque para frenar esta sangría". "Este problema se está convirtiendo en criminal. Es criminal que en la nómina de un trabajador se acepte el riesgo para su vida", añadió.

El portavoz del PP, Antonio Beteta, explicó que su grupo "tampoco está satisfecho" con la situación y garantizó que "no faltarán recursos" para atajarla.

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