Un golpe mortal en la meca del transfuguismo

El destino judicial de Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella, y de los tres concejales de este municipio detenidos en la Operación Malaya, tendrá consecuencias no sólo en la Costa del Sol, o en la política española, sino en otra guerra menor, especialmente activa desde 1998: la guerra al transfuguismo. Porque los cuatro, imputados en este escándalo de cuentas corrientes fabulosamente dotadas, presunta malversación de fondos y cohecho, forman parte del muestrario nada desdeñable de ediles que obtuvieron su escaño dentro de unas siglas políticas y las abandonaron por razones de conveniencia no precisamente ideológica.

Yagüe fue una pieza importante del GIL (Grupo Independiente Liberal), fundado por el magnate de la construcción Jesús Gil y Gil, que gobernó Marbella entre 1991 y 1999, antes de traicionarlo y provocar la caída de su sucesor (aunque al final ambos estuvieran a la greña), Julián Muñoz. Victoriano Rodríguez -otro de los inculpados- siguió los pasos de Yagüe. Dejó el GIL y pasó a formar parte con ella del Grupo Mixto A (hubo un mixto B, otro C y existe todavía el Mixto D en el gobierno municipal marbellí). Los otros dos ediles salpicados por este escándalo mayúsculo, Isabel García-Marcos, primera teniente alcalde, y el concejal José Jaén, ganaron sus puestos con el PSOE, partido al que traicionaron y del que fueron expulsados.

Tanto en el caso de Ceuta como en el de Madrid, los tránsfugas han abandonado la escena política sin mayores consecuencias

Los socialistas no han superado todavía el impacto de ver a Susana Bermúdez y a su padre del brazo del fallecido Jesús Gil y Gil

Pero el caso marbellí, con ser la mayor metáfora de la corrupción municipal en España y de transfuguismo (prácticamente todo el gobierno municipal estaba integrado por traidores del GIL y del PSOE), no es el único ejemplo de esta enfermedad política que socava los cimientos en los que se sustenta el servicio público: honestidad y credibilidad.

Desde 1998, año en que los principales partidos españoles firmaron el Pacto Antitransfuguismo, el control ha sido mayor pero no han faltado casos llamativos. Por ejemplo, el de la ciudad autónoma de Ceuta, que entre 1999 y 2003 tuvo cuatro gobiernos diferentes. El primero y el último, surgidos de las elecciones; los otros dos, fruto de cambios de mayorías provocados por sendas tránsfugas. En esa etapa hubo 45 casos de transfuguismo en España sólo en el ámbito municipal. Una cifra inferior a la que se ha registrado ya en la actual legislatura (2003-2007), con 67 casos de cambio de mayorías en otros tantos ayuntamientos, algunos tan importantes como el de León. ¿De qué ha servido entonces ese pacto?

"El pacto es importante, pero violarlo no genera más que una reprobación política", advierte Álvaro Cuesta, parlamentario socialista y miembro de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo. El caso de la tránsfuga de Ceuta, Susana Bermúdez, sirvió de enseñanza a la comisión, que introdujo medidas disuasorias para desincentivar esta práctica. Por ejemplo, se impidió a los tránsfugas integrarse en otro grupo. A partir de 2003, el que traicionaba a un partido quedaba en una especie de limbo político. Y eso tiene un significado económico. El no adscrito sólo cobra dietas de asistencia a plenos y comisiones.

Pero como un río que adapta su curso a la orografía del paisaje, el transfuguismo ha sabido sortear estos obstáculos económicos. El pasado otoño, dos tránsfugas de la Unión del Pueblo Leonés permitían un cambio de gobierno local, dando la alcaldía de León al PP. "Sabemos que se les dieron representaciones en cajas de ahorro o fundaciones, pese a ser concejales no adscritos", dice Cuesta. "Eso representa mucho dinero".

Detrás, el 'ladrillo'

En todo caso, ese tipo de plusvalías son bagatelas comparadas con el volumen de negocios presuntamente fraudulentos que manejaban los implicados en la Operación Malaya. "Lo que está claro es que detrás de casi todos los casos de transfuguismo hay un plan de remodelación urbana en puertas, o un caso de desarrollo urbanístico en marcha", reconoce este parlamentario. Ése parece ser el caso de Marbella, y, en opinión de los socialistas, el de Madrid. El más sonado de todos por sus consecuencias políticas. La deserción de Eduardo Tamayo y Maite Sáez, en junio de 2003, obligó a repetir los comicios autonómicos y arrebató al PSOE una victoria cantada.

Tanto en el caso de Ceuta como en el de Madrid, los tránsfugas han abandonado la escena política sin mayores consecuencias. Tamayo vive dedicado a su bufete, "y a mi familia", precisa por teléfono. "Mi vida ha mejorado un 2000% desde que dejé la política. Los partidos son como sectas, pero eso no se ve cuando uno está dentro. Lo que siento es no haber dejado antes el PSOE", dice. En la Federación Socialista Madrileña nadie quiere hablar del tema. "Lo haremos cuando tengamos las pruebas de que hubo cohecho", apunta una fuente.

También los socialistas de Ceuta hablan con rencor de Susana Bermúdez, la militante que les traicionó en agosto de 1999 y dio el gobierno de la ciudad al GIL. Es cierto que el partido de Gil se había quedado a unas decenas de votos de la mayoría y que para hacerle frente hubo de arbitrarse un tripartito algo complicado (PP, PSOE y el partido ceutí PSDC). Por eso la traición de Bermúdez fue capital. Hoy, cumplidos los 37 años, vive en Zaragoza, con su hija menor, de 10 años, y un nuevo compañero, antiguo guardia civil. Bermúdez, que pasó por el quirófano para hacerse unos retoques, no quiere entrevistas, ni siquiera para dar su versión de los hechos.

En enero pasado, un jurado popular la consideró no culpable de un delito de cohecho. La sentencia exoneró también a su ex marido, Francisco Cazalla, y a Antonio Sampietro, que presidió fugazmente la ciudad y hoy vive retirado en la Costa del Sol.

Fueron días febriles que Teo García, asesor del delegado del Gobierno en Ceuta, recuerda con amargura. "Ella desapareció de la ciudad. Se fue a Disneylandia con sus hijas y con la mujer de Sampietro y se presentó después en el pleno acompañada de Jesús Gil".

El GIL gobernó 17 meses hasta que otra tránsfuga, Aída Piedra, devolvió el poder al tripartito gracias a una nueva moción de censura. Ángel Bermúdez, padre de Susana -expulsado del PSOE pero no de UGT donde dirige la Federación de Transporte local, cree que en el caso de su hija se usaron distintos pesos y medidas. "Parecía la tránsfuga de España, vamos". Sobre todo por culpa de los medios de comunicación. "Menos mal que la justicia ha demostrado que no hubo dinero. Tránsfuga es, eso sí, pero eso no es un delito", dice.

Del brazo de Gil y Gil

Los socialistas no han superado todavía el impacto de ver a Bermúdez y a su padre del brazo del fallecido Jesús Gil. Y Toñi Palomo, que tomó las riendas del PSOE local después de la catástrofe, sabe lo duro que fue aquel golpe para la formación. Casi siete años después sólo dos de los 25 consejeros que integran el gobierno local son socialistas.

"Es que Bermúdez fue tránsfuga dos veces", insiste Palomo. "Primero votó al GIL; luego apoyó al PP, que sacó ventaja de la situación y ahora gobierna con una mayoría histórica de 19 escaños".

Elena Sánchez, consejera de Fomento y portavoz del gobierno actual, no recuerda que el voto de Bermúdez fuera determinante en aquella segunda moción de censura. Y comprende que el papel de la tránsfuga del GIL Aída Piedra haya sido juzgado con más benevolencia. "En este segundo caso, los ceutíes percibieron que el cambio de gobierno iba en el sentido de la normalidad. El GIL era un partido aventurero que llegó prometiendo cosas absurdas. Tenían el proyecto de abrir unos canales y convertir Ceuta en una especie de Venecia". La Venecia ceutí no se hizo. Pero la ciudad no se parece tampoco al proyecto impecable diseñado en los años cuarenta que cualga enmarcado en el despacho, de la portavoz. Como en Marbella, y como en media España, el desarrollo urbanístico salvaje se ha impuesto en Ceuta con autoridad. Muchas veces, sin necesidad de los tránsfugas.