El nuevo fiscal de Urbanismo dice que en la costa hay otros casos como el de la ciudad malagueña
El fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, aseguró ayer, en su primera comparecencia ante los medios informativos, que en las costas españolas hay muchas otras localidades con problemas urbanísticos como los de Marbella, aunque "más atenuados". Para Vercher, Marbella es un "revulsivo" para evitar alteraciones en la aplicación de las normas de urbanismo. El nuevo fiscal de Sala dijo que a partir de hoy se pondrá en contacto con todas las fiscalías donde puedan producirse ese tipo de problemas.
Según el nuevo fiscal de Urbanismo, "a mayor democracia" afloran más este tipo de situaciones, que se convierten en un "problema complejo" en el que confluyen un desarrollo económico importante y la necesidad cada vez mayor de crear nuevas formas de explotar el turismo, con la necesidad de preservar el medio ambiente. Por eso, abogó por un desarrollo sostenible y destacó que todas las actuaciones deberán ajustarse a la normativa de la UE.
Preguntado si los alcaldes de las localidades españolas donde haya infracciones urbanísticas tienen que "echarse a temblar", Vercher precisó que no concibe la figura del fiscal "como la del Capitán Trueno o el Llanero Solitario". "No se trata de eso", precisó, "se trata de que se va a hacer cumplir la ley" y de que esos alcaldes sepan que hay que cumplirla.
Vercher indicó también que los delitos medioambientales son relativamente nuevos y de más difícil aplicación porque no hay muchos precedentes jurisprudenciales. Agregó que, aunque a medio plazo se obtienen resultados tanto si el infractor es un particular como si se trata de empresas o corporaciones, en algún caso de vertidos ilegales se ha llegado a tardar hasta 10 años en conseguir una condena.
Siniestralidad laboral
Por su parte, el nuevo fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Juan Manuel de Oña, puso de relieve la diferencia existente entre los 955 accidentes mortales en el puesto de trabajo registrados en 2004 con la apertura de sólo 143 procedimientos por homicidio en accidente laboral.
Esa divergencia, explicó, revela "fallos en el sistema" porque o bien no se inició ningún procedimiento, o se inició incorrectamente, o no se reflejó en la estadística. Eso le llevó a cuestionarse qué ha pasado para que en 812 casos de muerte por accidente laboral no se acudiera a los tribunales.
De Oña se hizo eco de una reflexión del fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, según la cual "acudir al trabajo no puede suponer jugarse la vida, la integridad y la salud", puso el acento en la prevención del accidente antes que en la represión y criticó la existencia de cierta "privatización" de las consecuencias del siniestro cuando la víctima es indemnizada, lo que "sustituye la responsabilidad de la culpa por la responsabilidad del seguro".
