La oposición pide responsabilidades a Camps por el expediente de Bruselas contra la ley urbanística

Los dos partidos de la oposición en las Cortes Valencianas, PSPV y EU-L'Entesa, pidieron ayer responsabilidades al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de que la Comisión Europea cuestionase por segunda vez la legislación urbanística valenciana impulsada por el PP. Los socialistas solicitaron la comparecencia urgente de Camps en las Cortes para que dé explicaciones y la intervención del propio Mariano Rajoy. EU-L'Entesa reclamó la dimisión del consejero de Territorio, Rafael Blasco, al considerarlo responsable del desaguisado.

Blasco anunció, por su parte, que alegará de inmediato al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) porque viola, al igual que ocurría con la polémica LRAU, las directivas comunitarias sobre contratación pública. El consejero se mostró convencido de la viabilidad de la ley e incluso pidió que se someta su legalidad ante el Tribunal Europeo. El Consell y el Grupo Parlamentario Popular siguieron culpando al Gobierno español de los defectos detectados en la LUV, aprobada en diciembre con los únicos votos del PP.

La apertura del expediente de infracción provocó una oleada de reacciones. Dos miembros de la dirección federal del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero y Alfonso Perales, exigieron al presidente del PP, Mariano Rajoy, que actúe tras la censura de Bruselas. El eurodiputado socialista Joan Calabuig lamentó que el "Ejecutivo de Camps está deteriorando la imagen de la Comunidad y del conjunto de España ante la opinión pública europea", y el portavoz adjunto, Andrés Perelló, solicitó la comparecencia urgente de Camps en las Cortes.

Los parlamentarios de EU-L'Entesa Carles Arnal y Joan Antoni Oltra insistieron, por su parte, en la necesidad de una moratoria urbanística hasta que se corrija la LUV. Por otro lado, una avería del camión grúa que participa en la demolición parcial del complejo hotelero del Atrium Beach, en La Vila Joiosa, ha pospuesto para hoy las tareas de derribo. La orden de demolición la acordó el septiembre el Consell por considerar que el inmueble excedía en 15.000 metros cuadrados la volumetría autorizada por el PGOU en esa zona.