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El aumento del precio de la vivienda da alas al movimiento 'okupa' en Barcelona

En la ciudad existen alrededor de 150 casas habitadas por 'squatters' y unos 15 centros sociales

El aumento del precio de la vivienda ha resultado ser un revulsivo para el movimiento okupa. En la última década, el precio de la vivienda en Barcelona se ha duplicado. Casi en paralelo ha crecido el número de casas ocupadas en la ciudad, que hoy ronda las 150. Además, hay unos 15 centros sociales, en los que se organizan y actividades talleres abiertos a los vecinos. A raíz de la reciente agresión a un agente de la Guardia Urbana, el Ayuntamiento ha creado una mesa de trabajo sobre el movimiento okupa, que trata de desmarcarse de lo ocurrido e insiste en denunciar la "especulación urbanística".

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Uno de los últimos enclaves ocupados está en el número 22 de la calle de Begur, en el barrio de Sants, feudo tradicional de todo tipo de movimientos sociales. Los actuales inquilinos de este antiguo taller de carpintería son 10 jóvenes que un buen día decidieron vivir juntos. Hace dos meses, después de muchas inspecciones oculares y de numerosas consultas con los vecinos, estos amigos cruzaron el Rubicón: levantaron las persianas del local y se instalaron en su interior. "Esto estaba en un estado lamentable y hay mucho trabajo por hacer: poner cristales, reparar goteras...", dice Edu, uno de los ocupantes.

"Necesidad y deseo". Estos dos impulsos vitales hicieron que Edu se sumase a la iniciativa. El joven murciano explica una contradicción: la que se da entre el escaso e irregular sueldo que percibe fruto de sus actuaciones musicales esporádicas, y el precio del metro cuadrado de un piso, que en Barcelona ronda los 3.700 euros de media. Tanto él como sus compañeros se afanaron en repartir octavillas a los vecinos de la zona. En ellas les invitaban al diálogo y exponían sus razones, que no son otras que las que esgrime habitualmente el movimiento okupa: imposibilidad de acceder a una vivienda digna y denuncia de la especulación urbanística.

Diversos grupos vinculados al movimiento okupa aprobaron hace unos meses una "carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística". En la misiva, piden la limitación de los precios de alquiler y de compra de una vivienda, solicitan una moratoria de los planes urbanísticos y exigen la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Además del irrefrenable auge del precio del suelo, hay otro factor que ha dado alas a los squatters (en inglés, 'ocupante ilegal'): los pisos vacíos. Las estimaciones del Ayuntamiento de Barcelona apuntan a que hay entre 20.000 y 25.000 casas deshabitadas en la ciudad.

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En el consistorio no se facilitan datos oficiales sobre ocupación, aunque reconocen que Barcelona es una de las metrópolis europeas con más presencia de este colectivo. Un portavoz del Ayuntamiento admite además que hay "unos 15 edificios públicos" usurpados, algunos de ellos, de titularidad municipal. Albert Martínez, uno de los portavoces de la Asamblea de Okupas de Barcelona -que trata de agrupar a un colectivo heterogéneo y disperso-, asegura, por el contrario, que no hay ningún edificio municipal ocupado. "Y no es porque no queramos, sino porque la legislación permite el desalojo con mayor facilidad".

Precisamente, el ritmo de desalojos se ha acelerado en las últimas semanas: el 13 de marzo, dos pisos en Gràcia; el 14 del mismo mes, cuatro más en Sants; el 19, un local en Sant Andreu. Martínez sospecha que este acelerón tiene que ver con los incidentes de principios de enero, en el que un agente de la Guardia Urbana fue agredido brutalmente por jóvenes (supuestamente okupas) tras una fiesta ilegal, en Ciutat Vella. Diversos portavoces se esfuerzan por desvincular al colectivo de la agresión, que dejó en coma al agente municipal. "No tenemos ninguna relación con la gente de Sant Pere més Baix", dice Martínez. Pero al tiempo que se producen desalojos, hay nuevas usurpaciones, y con una equivalencia asombrosa: 40 desalojos por 40 ocupaciones en un año, señala un informe de los Mossos d'Esquadra de 2005.

Un estudio encargado por la Secretaría de Juventud de la Generalitat analizaba el caso de los tres distritos que tradicionalmente han llevado la voz cantante: Sants (donde el estudio destaca su implicación con el tejido asociativo), Gràcia (barrio de "alta concentración" de okupas) y Sant Andreu, donde se ponen de relieve las fórmulas de autogestión. El estudio era de 2003. En la actualidad, los propios squatters explican que los centros de gravedad del colectivo se están desplazando al Poble Sec, a Vallcarca, y en general a la zona alta de Barcelona y al distrito de Horta-Guinardó.

Los okupas distinguen entre los edificios que se utilizan para vivir y los que se destinan a realizar varias actividades. De estos últimos hay unos 15, diseminados en distintos barrios. Can Vies cumplirá su décimo aniversario en 2007 y ha tomado el relevo de la histórica Hamsa, también de Sants, como centro más veterano.

En Can Vies hay actividades políticas y culturales: grupos de teatro, cineforo, locales de ensayo... "Además de protestar por el precio de la vivienda, damos respuesta a la falta de espacios para jóvenes", comenta Eloi, uno de los habituales allí. Tanto él como otros representantes del colectivo aseguran que hay, en la realidad, más de 150 casas ocupadas, aunque la gran mayoría no están, en la jerga del colectivo, "reivindicadas": "No son okupas; son sólo gente que no puede comprar un piso y se mete a vivir donde puede".

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