Los peritos ratifican el sobreprecio del material informático de Zona Franca

Los 6,8 millones de euros que pagaron en 2000 y 2001 los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, por material informático para crear una red de comercio digital que nunca llegó a funcionar tiene un precio que apenas alcanza 2 millones de euros. Ésa es la conclusión de un peritaje de profesores de la Universidad de Sevilla, que ayer ratificaron sus cálculos ante el juez.

La Abogacía del Estado y la Zona Franca encargaron a los profesores Ignacio Eguía y Fernando Guerrero una evaluación técnica de los contratos de Rilco, sociedad de la Zona Franca, con Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática de comercio exterior que impulsara negocios internacionales del recinto fiscal gaditano que nunca se desarrolló.

La sociedad norteamericana recibió 4,23 millones y Telvent Interactiva 2,56. Sin embargo, la valoración efectuada por estos expertos informáticos detalla que el material recibido apenas vale un 30% de la cantidad abonada. Según fuentes jurídicas y cercanas al caso, estos profesores defendieron ante el juez que el material recibido apenas costó 2 millones, sin que en esta evaluación técnica incluyesen el precio de los viajes, gestiones, o asesorías que se precisaron, según Rodríguez de Castro, para cerrar esta operación de compra.

Por estos contratos, al primer ex delegado del PP se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Miguel Osuna es por un presunto delito societario por mantener este contrato y autorizar los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.

La querella que tramita el Juzgado de instrucción número 4 de Cádiz incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva, a los que el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros de Rilco. Esta múltiple querella incluye además a Telvent, que recibió un contrato de 2,5 millones porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta".

Además de la valoración técnica de estos contratos, la Abogacía del Estado cuestiona también la forma que se empleó para contratar estas empresas. En especial, la adjudicación a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones y el hecho de que se adjudicase un contrato de 4,2 millones a una sociedad limitada con un capital de sólo 1.000 dólares. Todas estas cuestiones no impidieron a Rodríguez de Castro firmar estos contratos, redactados tan sólo en dos folios cada uno y con apenas cláusulas.