Barberá acepta el fallo del Consuelo pero rechaza el cierre del hospital

Dos sentencias contrarias al Ayuntamiento de Valencia marcaron ayer un pleno municipal bronco en el que el gobierno del PP, que encabeza la alcaldesa, Rita Barberá, anunció que no recurrirá el fallo que anula la licencia del hospital Virgen del Consuelo, pero rechazó clausurar o trasladar de inmediato el centro, como pidieron socialistas y EU-L'Entesa. En el caso del Mestalla, el PP da por cumplida la sentencia al admitir que la obra es ilegal.

La tensión invadió el hemiciclo desde el primer minuto ante la denuncia de la oposición de que un grupo de ciudadanos no respeta las colas de acceso al pleno y "entra por otro lado acompañado de asesores del PP". Barberá replicó que el problema no se ha planteado hasta que ha crecido la asistencia de partidarios del PP. La crispación se trasladó al palco, con algún rifirrafe entre vecinos que protestaban por la gestión popular y defensores de Barberá -que frenó a los primeros y abrió la mano con los segundos-, mientras en el hemiciclo concejales de un lado y otro se quitaban la palabra en muchos momentos.

La primera modificación de créditos del actual presupuesto -26 millones de euros que cambian de partida- y el reconocimiento de facturas del año pasado por 17 millones que deberán pagarse ahora desembocaron en un nuevo cruce de acusaciones a cuenta de la gestión económica, pero fueron dos sentencias desfavorables al Ayuntamiento, ganadas por los vecinos, las que centraron el orden del día. La más reciente, que anula la licencia de actividad que se concedió en 2004 al hospital privado Virgen del Consuelo, será acatada por el PP, confirmó el concejal Vicente Igual. Sin consecuencias de momento, ya que no es firme. El grupo Nisa, propietario de la clínica, sí la recurrirá. Los afectados, con autorización para dirigirse al pleno, expusieron duros reproches a Barberá, a la que acusaron de ignorarles durante años y recriminaron las declaraciones en las que afirmó que ellos mismos se habían desprotegido al propiciar la anulación de un permiso condicionado a mejoras.

Las concejales de EU-L'Entesa María Victoria González y del PSPV Carmen del Río exigieron "la clausura de la actividad ilegal", que sólo dejaría espacio a funciones inocuas, y destacaron que el conflicto "se ha enquistado" y no es posible legalizar el hospital. "Decrete el traslado ya", conminó Del Río. El concejal Igual achacó la postura de los afectados a la supuesta "filiación" socialista del presidente de la asociación vecinal de Patraix, Antoni Pla, lo que provocó la enésima bronca y una queja contundente de este. Por lo demás, Igual defendió que se trata "de un tema vecinal, no político" y propició una resolución aprobada sólo por el PP que propone continuar negociaciones con Nisa para trasladar la clínica y exige que se cumplan las medidas correctoras exigidas hace dos años.

En el caso de la ampliación de Mestalla, la sentencia que declara ilegales las obras es firme, por lo que todos los grupos votaron a favor de que se cumpla, aunque discreparon sobre su ejecución. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, se apoyó en el secretario municipal para argumentar que el asunto queda zanjado con que el pleno admita que la remodelación de Mestalla está "fuera de ordenación", pero el portavoz socialista, Rafael Rubio, exigió que se aclare qué ocurrirá con los suelos permutados entre el Ayuntamiento y el Valencia CF para realizar una obra que ocupa viales públicos. Grau aceptó encargar un informe jurídico, sin dejar de insistir en que la sentencia está cumplida. Una ejecución que la federación vecinal, que ganó el recurso, considera claramente insuficiente. Tampoco prosperó ayer una nueva moción de paralización de la subestación de Patraix.