La reserva de suelo para el trasvase del Ebro invade competencias estatales, según Ecologistas en Acción

La decisión del Consell de evitar la ocupación del suelo sobre el que se dibujó el trazado del trasvase del Ebro será revisada por los tribunales. La organización Ecologistas en Acción ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano el decreto de la Generalitat que aprobó en abril de 2005 limitar el uso y la edificación en el corredor del canal derogado anteriormente por el Gobierno socialista. El llamado Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana veta el uso de unas 16.000 hectáreas en 65 municipios y la Consejería de Territorio y Vivienda lo invocó recientemente para denegar dos actuaciones urbanísticas.

El recurso ecologista incide en que el Consell no dio audiencia a los agentes sociales

El recurso de la organización ecologista constata, en primer lugar, que en la elaboración del plan no se dio audiencia "a los agentes sociales más representativos", tal y como prevé la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), en la que se amparó la redacción del proyecto. Ecologistas en Acción, que además es miembro del Consejo Asesor de Participación en Medio Ambiente en la consejería, recuerda varias sentencias que desembocaron en la anulación de disposiciones administrativas por incumplir el derecho a audiencia.

El recurso, presentado el pasado enero, también rechaza varios artículos del plan del Consell relacionados con las exigencias a los promotores que construyan en el entorno protegido del hipotético trasvase y considera que ni siquiera cumple los objetivos de la LOT, pero incide especialmente en dos aspectos: a juicio de los ecologistas la Generalitat invade las competencias del Estado con la decisión de proteger un suelo con el fin de que se ejecute en el futuro una obra hidráulica derogada y que afecta a más de una comunidad autónoma, y ha aprobado el plan sin la preceptiva declaración de impacto ambiental. Así, para los recurrentes, la Generalitat incurre en un "uso abusivo" de sus competencias en la ordenación del territorio y ser entromete "de forma ilegítima en competencias que corresponde en exclusiva al Estado", como es la regulación de infraestructuras hidráulicas como un trasvase intercomunitario, la potestad general sobre obras públicas de interés general y la planificación de la actividad económica. "El Consell no puede rehabilitar para una parte del territorio una resolución derogada por el Estado que afecta a más de una comunidad autónoma, cuando, además, no tiene competencia para su aprobación", resalta también el recurso.

El trasvase del Ebro está derogado y el Gobierno ha presentado un programa alternativo al considerarlo inviable, con lo que el gobierno autonómico del PP "se ha excedido" en su iniciativa, que, a juicio de los ecologistas, supone "una irracionalidad". El recurso destaca, asimismo, que el plan de la Generalitat se limita a dar por buena la declaración de impacto del trasvase eliminado, con lo que incumple la ley. "No estudia ni valora los impactos directos e indirectos, especialmente los efectos socioeconómicos y urbanístico-territoriales, ni contiene el preceptivo estudio de paisaje", requisitos que no se cubren con la declaración de impacto del trasvase del Ebro. Por todo ello, el recurso pide la anulación del decreto.

En relación con este tema, el presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, pidió ayer a sus compañeros de partido en la Comunidad Valenciana que "dejen de insistir" en el trasvase del Ebro. Alcalde admitió que la polémica perjudicó "de forma importante" al PP aragonés en las pasadas elecciones municipales.