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Bruselas exige a España que informe antes de decidir en la OPA de E.ON

La Comisión quiere cerciorarse de que las resoluciones se ajustan al derecho comunitario

Andreu Missé

Bruselas ha dado otra vuelta de tuerca en su presión sobre las autoridades españolas para que no interfieran en la OPA lanzada por el grupo alemán E.ON sobre Endesa, la primera eléctrica española. Los responsables de Competencia comunitarios extremaron ayer su celo con severas advertencias ante las futuras decisiones que pudiera adoptar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en relación con esta operación. El mensaje de Bruselas es muy claro. Las autoridades españolas no deben decidir nada sobre la OPA de E.ON sin notificarlo antes a Bruselas.

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Jonathan Todd, portavoz de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, lanzó ayer una contundente advertencia a España: "Si las autoridades españolas tienen la intención de tomar medidas que afectan a la mencionada OPA, estas medidas deben ser notificadas antes de la Comisión para que verifique si son compatibles con la legislación comunitaria".

Las manifestaciones del portavoz están en la misma línea de la carta remitida a Madrid el pasado viernes por el director general de Competencia, Philip Lowe, en la que conminó tanto al Gobierno como a los reguladores españoles "a no tomar medidas que afecten a la OPA de E.ON sin antes notificarlas a la Comisión Europea". Lowe y Todd recordaron a las autoridades españolas que deben tener en cuenta que "en las concentraciones de dimensión comunitaria, la Comisión Europea tiene competencia exclusiva".

Presiones

La insistencia de estas presiones ponen de manifiesto las sospechas que abriga Bruselas sobre los supuestos obstáculos que intentaría establecer Madrid para impedir la OPA del grupo alemán sobre Endesa. Estas desconfianzas ya se explicitaron el 3 de marzo en la carta que los servicios del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, remitió al Gobierno de Madrid. En la misiva, Mercado Interior manifestaba su preocupación por el decreto ley español del 24 de febrero, ratificado por el Congreso, que reforzaba las competencias de la CNE para que pudiera analizar la OPA de E.ON.

El escrito de los servicios del Comisario afirmaba que "las nuevas disposiciones nacionales, (en referencia al mencionado decreto) pueden crear obstáculos al derecho de establecimiento de los nacionales en otros Estados miembros, así como a la libre circulación de capitales en la comunidad".

El Gobierno español contestó el pasado 24 de marzo a la carta de McCreevy, desligando el decreto de febrero de cualquier intento de proteger a Endesa frente a cualquier compra. En su escrito, el Gobierno español explicaba que el refuerzo de la CNE tenía como objetivo garantizar el suministro y cubrir los vacíos legales de la legislación interna.

En medios comunitarios se estima que este cruce de cartas entre los servicios de McCreevy y el Gobierno español sobre el decreto que reforzaba la CNE conducirá a la apertura de un procedimiento que finalmente deberá resolver el Tribunal de Luxemburgo a petición de la Comisión.

Las recientes iniciativas de la comisaria Kroes, que no se refieren a la valoración de la norma en sí, sino a su aplicación en una operación concreta, pueden tener efectos más fulminantes. Kroes dispone de instrumentos más potentes, ya que no precisa acudir al Tribunal para anular las decisiones que "considera contrarias a la competencia". España, no obstante, puede argumentar que las medidas adoptadas responden a razones de "seguridad" y son "proporcionales", lo que dificultaría la actuación de la comisaria.

Condiciones

Sobre la situación del sector, el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Iñigo de Oriol, pidió ayer igualdad de condiciones para todas las empresas en el proceso de construcción de un mercado único energético. "No se puede jugar con cartas distintas para que exista un mercado europeo interior de la energía", apuntó durante la presentación en Madrid de la memoria del sector de 2005.

Una de las diferencias es que en España las eléctricas son privadas, mientras las grandes empresas del sector, francesas y alemanas suelen ser públicas. Las públicas, afirmó De Oriol, consiguen financiación con mejores condiciones, porque tienen el aval del Estado.

El presidente de Unesa, que también preside Iberdrola, no quiso opinar sobre el intento de compra de Endesa por parte de E.ON por la "neutralidad" a la que se debe la patronal. Las empresas eléctricas prevén invertir 11.600 millones de euros en España entre 2006 y 2008.

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