Las protestas contra las autovías en Ibiza duran ya dos meses y suman 23 detenidos

Veintitrés ciudadanos de Ibiza han sido detenidos por la Guardia Civil en los dos meses de protestas y resistencia a las obras de las dos autovías, de 20 kilómetros, que construye el Gobierno de Baleares, del PP. Serán juzgados por resistencia a la autoridad y coacciones. Pero en la batalla hay dos frentes. El juez Santiago Pinsach ha ordenado al Ejecutivo balear que se abstenga de actuar en los terrenos de Can Malalt, zona caliente de manifestaciones e incidentes, afectados por el trayecto de la autovía Ibiza-aeropuerto. El magistrado observa "indicios suficientes de un delito de violación de domicilio" en la expropiación y ocupación con máquinas escoltadas por antidisturbios.

Ocho de los 23 manifestantes imputados fueron detenidos al intentar impedir, en tres días, la entrada de la maquinaria en Can Malalt y su entorno, que fue asolado. Por estas acciones de boicoteo pasivo en los dos trayectos, los imputados serán juzgados por resistencia, desobediencia a la autoridad y coacciones, por ignorar las órdenes de las fuerzas de seguridad y haberse opuesto al avance de las excavadoras y los guardias que las protegían.

En los dos trayectos de autovías de Ibiza, cuyo recorrido en buena parte ha sido marcado por la maquinaria, se expropiarán dos decenas de casas y se invadirán medio millar de propiedades. Tres anti-autovía detenidos en Can Malalt se encaramaron a un algarrobo próximo a un vial que, según ellos, enlazará la futura autovía con una zona donde el ex ministro Abel Matutes tiene un plan residencial. Al otro lado de la vía Matutes proyecta un campo de golf. El político afirma que es el primer expropiado y perjudicado, con miles de metros cuadrados, no en vano es el principal propietario de la isla.

A raíz de las denuncias presentadas por los dueños de Can Malalt -enclave de la familia del dirigente payés y comunista Toni Planells- y por otros detenidos, el juez ha abierto una causa penal, que alude al Gobierno de Jaume Matas, por posible expropiación ilegal, violación de domicilio, falsedad documental y delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

La paralización cautelar en un punto concreto de la autovía fue decretada por el juez tras visitar el lugar y oír a las partes. En el auto se reclama al Gobierno que se abstenga de intentar actuar allí hasta que pueda acreditar la legalidad de la expropiación. A su vez, el delegado del Gobierno central es emplazado a que no preste las fuerzas del orden para amparar a las máquinas en esa finca.

60 guardias civiles

Ninguna otra obra pública de Baleares ha tenido jamás un desarrollo tan conflictivo. Las primeras autovías de Ibiza -una isla de apenas 40 kilómetros de largo y 110.000 habitantes- han generado un sinfín de incidentes cada mañana cuando, entre medio centenar y 200 vecinos, ecologistas y dirigentes de izquierdas se plantan ante las excavadoras que deben ocupar las fincas afectadas por los dos trayectos. Las máquinas son escoltadas por más de 60 guardias civiles antidisturbios y una decena de jeeps, por "demanda de auxilio" del Gobierno de Matas. El PSOE apoya el movimiento de resistencia.

El boicoteo de la plataforma vecinal, que recurre a los juzgados y usa los SMS y la red para convocar y divulgación de sus accciones, ha ralentizado las obras, que son la actuación estelar del Gobierno del PP. El presidente Matas tildó de "violentos y radicales" a los que protestan y descalificó a uno de sus defensores, Ignasi Ribas, quien ha sido amparado por el Colegio de Abogados. Matas ha reclamado "el auxilio" de las fuerzas de seguridad en 24 ocasiones para ocupar 103 propiedades afectadas. La plataforma sostiene que las expropiaciones y ocupaciones no son legales o que tienen defectos.

Una de las manifestantes está acusada de atentado, por responder con su casco de moto a un agente que la golpeó. La mayoría de los imputados han presentado denuncias por detención ilegal.