El coste de llegar tarde

A la proposición de ley de reforma del Estatuto de autonomía para Andalucía le queda todavía por recorrer cuatro etapas para llegar a la meta: el debate y aprobación en el Pleno del Parlamento andaluz, el debate entre la delegación del Parlamento andaluz y la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, la tramitación en el Senado y la celebración del referéndum. Como hemos tenido ocasión de comprobar a propósito de la tramitación de la reforma del estatuto de Cataluña, es posible introducir cambios en el texto inicial de la proposición en cada una de esas etapas, menos en la última, obviamente.

Quiere decirse, pues, que hay tiempo para que quienes se incorporaron con reticencias al proceso de reforma o quienes se ausentaron del mismo en algunos momentos del camino se incorporen y hagan las propuestas que estimen pertinentes, a fin de conseguir una mejora del texto.

Ahora bien, el hecho de que quede tiempo por delante no puede hacernos olvidar de que la proposición de ley de reforma tiene mucho tiempo por detrás. Han sido muchos los meses en los que se ha estado trabajando por los distintos grupos parlamentarios -por unos más que por otros, la verdad sea dicha- y en los cuales la proposición de ley de reforma ha ido tomando poco a poco cuerpo. El esfuerzo que ha habido que hacer ha sido enorme, ya que la proposición de ley es, por un lado, una proposición de reforma del Estatuto vigente y, por otra, una proposición completamente nueva. En el proceso de reforma andaluz, como en el catalán, hay una mezcla de proceso estatuyente originario y de proceso de reforma estatutaria. Formalmente es sólo una reforma estatutaria, pero materialmente es algo más. Hay partes del Estatuto que permanecen o que se retocan, pero hay partes completamente nuevas.

Sintetizar todo ese esfuerzo en un texto coherente que pudiera ser sometido a un control de juridicidad tan exigente como el del Consejo Consultivo no ha sido fácil. Pero se ha conseguido, como resulta inequívoco de la lectura del dictamen del mencionado órgano.

Ésta es una realidad con la que tienen que contar todos los partidos en las nuevas etapas que se abren en el proceso de reforma. La maleabilidad de la materia estatutaria es mucho menor ahora que cuando se inició el proceso de reforma. En la fase inicial de reforma la libertad de los grupos parlamentarios en la configuración del texto de la proposición de ley era enorme. En el día de hoy esa libertad se ha ejercido dándole forma a un texto coherente, en el que las distintas partes guardan una relación entre sí. En consecuencia, el margen que queda es mucho menor. Se pueden introducir cambios sin duda, pero únicamente aquellos que sean coherentes con el diseño general de la reforma que ya ha quedado definido.

En política estar en el momento apropiado en el sitio apropiado es decisivo. Cuando se llega tarde, es difícil tener una posición de protagonista en el proceso. Y esto, desgraciadamente, le va a ocurrir tanto al PP como al PA. El tiempo que ambos partidos han perdido, uno porque consideraba que se estaba yendo más lejos de donde la Constitución permitía ir y el otro por todo lo contrario, les va a pasar factura en estas próximas etapas del debate parlamentario de la reforma. Por mucha comprensión que puedan tener el PSOE e IU y por mucho que sea el esfuerzo que hagan para incorporar enmiendas del PP y del PA, el núcleo de la reforma ya está definido y en esa definición estos partidos, por voluntad propia, han estado ausentes.

Esto es así y ya no tiene solución. No se puede volver a iniciar el proceso de reforma. Todos los partidos van a tener que debatir y decidir sobre un texto que no ha sido elaborado por todos, sino que lo ha sido únicamente por dos de los partidos parlamentarios, PSOE e IU, que son, además, los únicos que votaron en el Pleno a favor de la toma en consideración, lo que permitió su remisión al Consejo Consultivo. Eso ya no tiene vuelta atrás. Los errores se pagan.