La juez ordena realizar nuevas pruebas para aclarar la expulsión de inmigrantes

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún ha ordenado la práctica de nuevas pruebas para esclarecer la posible responsabilidad penal de cuatro policías destinados en la localidad fronteriza en la expulsión de varios inmigrantes sin comunicarlo a tiempo a sus abogados. A la espera del resultado de estas actuaciones, que incluyen la declaración de tres letrados, la juez mantiene la imputación por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) contra el jefe de Extranjería de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de esa localidad, Abel Pizarro. También mantiene imputado a uno de sus subordinados y sigue adelante, por tanto, con el procedimiento para la apertura de juicio oral.

El procedimiento parte de la denuncia interpuesta en febrero de 2005 por los letrados del Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa contra Pizarro y "cualquier otro funcionario" que pudiese tener responsabilidad en la expulsión de seis inmigrantes en 2004 sin la preceptiva comunicación a sus letrados.

A partir de esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún citó a declarar como imputados al jefe de Extranjería en la localidad fronteriza, así como a tres subordinados suyos que trabajaban en el citado servicio. Los cuatro admitieron que su unidad había materializado la expulsión de algunos inmigrantes sin comunicarlo a tiempo a sus abogados, al entender que la normativa no les obliga a ello.

El pasado mes de febrero, tras las diligencias practicadas hasta esa fecha, la titular del juzgado irunés dictó un auto en el que señalaba que existían "indicios racionalmente suficientes" para imputar a Pizarro y a otro agente un delito de prevaricación y, subsidiariamente, un delito contra los derechos fundamentales, por expulsar a la joven boliviana Gabriela Queteguari sin notificarlo debidamente a su letrado. La actuación policial impidió al abogado solicitar como medida cautelar la suspensión de dicha expulsión, por lo que la joven fue repatriada. Sólo entonces su defensor conoció los hechos. Finalmente, Queteguari fue devuelta a España a costa del Estado por orden judicial.

La juez dictó un segundo auto en el que decretó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los otros dos subordinados de Pizarro, al considerar que no existían indicios racionales de que hubiesen cometido una infracción penal.

Las decisiones judiciales derivaron en varios recursos ante el propio juzgado de Irún. La Fiscalía y la defensa de los imputados recurrieron el primer auto y pidieron el archivo de la causa, ya que insisten en que los policías no han incurrido en responsabilidad penal alguna porque, según ellos, no tienen obligación de notificar las expulsiones de inmigrantes a sus letrados. En cualquier caso, la defensa sostiene que en algunos de los casos denunciados sí se llamó a los abogados.

El Colegio de Abogados de Guipúzcoa también apeló los pronunciamientos judiciales. Afirma que, además del caso de Gabriela Queteguari, hay finalmente otros tres expedientes de expulsión, correspondientes a dos mujeres y un hombre, en los que también se pudo cometer prevaricación y solicita que la imputación se amplíe a los dos agentes cuya causa sobreseyó el juzgado irunés el pasado mes de febrero.

Declaración de letrados

La juez ha respondido ahora que, antes de tomar una decisión definitiva, resulta "esencial determinar si los extranjeros estaban o no asistidos por un letrado en el momento de su expulsión y si los agentes de la Policía realizaron las llamadas pertinentes al Colegio [de Abogados] o al abogado de oficio para asegurarse de que así ocurría".

Por ello, desestima los recursos de la Fiscalía y la defensa y, de momento, sigue adelante con las imputaciones contra Pizarro y uno de sus subordinados por la causa de Queteguari. Por el contrario, estima buena parte del recurso presentado por el Colegio de Abogados y acuerda nuevas pruebas. Para empezar, ordena que se tome declaración a tres abogados del Turno de Extranjería, quienes se supone que tenían que haber tenido conocimiento de la expulsión tanto de Queteguari como de otros dos inmigrantes.

Igualmente, y dado que la defensa señala que en algunos casos denunciados se ha llamado a los abogados de oficio antes de materializar la expulsión, la juez reclama a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Irún que facilite los justificantes que acrediten dichas llamadas a los letrados.