La Junta advierte a De la Torre de que no puede cambiar la edificabilidad en el suelo de Repsol

El aumento al triple de la edificabilidad de los antiguos suelos de Repsol en Málaga es una decisión que en última instancia compete adoptar a la Junta de Andalucía. Así lo advirtió ayer el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en la provincia, José María Ruiz Povedano, quien aseguró que el proyecto propuesto por el Ayuntamiento supone una "modificación estructural y muy potente" en el planeamiento urbanístico municipal. Para el alcalde, Francisco de la Torre, en cambio, a la Junta no compete más que emitir un informe "no vinculante".

La polémica sobre el ambicioso proyecto urbanístico ideado por el Ayuntamiento en las 18 hectáreas que durante años ocuparon los depósitos de Repsol en la Ronda Intermedia se ha desatado ya sin necesidad entrar en el fondo del proyecto. El asunto ahora es un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento y la Junta. El consistorio ha previsto construir un rascacielos de 160 metros, otras cuatro torres de 16 plantas, dos bloques con 399 viviendas sociales y otros dos edificios de equipamiento público rodeados de un parque de 80.000 metros y con más de 30.000 metros de superficie de uso comercial. En total el complejo acogerá 1.332 viviendas, el triple de las que contempla el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La modificación de elemento que el equipo de Gobierno municipal, del PP, pretende introducir al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para elevar al triple la edificabilidad prevista en la zona supone para la Junta una "un cambio muy potente que afecta a los terrenos en los que se ubica y también a los ámbitos exteriores y supone una alteración estructural en la planificación urbanística", por lo que en consecuencia compete a la administración autonómica la aprobación definitiva.

Ruiz Povedano fue ayer así de elocuente, aunque eludió entrar en consideraciones sobre el proyecto, del que sólo dijo que "lo estudiaremos a fondo como hacemos con cualquier otro expediente que nos llega se cualquier ayuntamiento para su estudio y aprobación".

Para el alcalde, Francisco de la Torre, las competencias de la aprobación de la modificación de elemento en cambio son estrictamente municipales y el único papel que corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo es emitir un informe que ni siquiera es vinculante. Según De la Torre, en unos siete meses estaría tramitado el expediente.

El consistorio prevé ingresar 82 millones de euros por este cambio de edificabilidad de la promotora Comarex, que desarrollará el proyecto. El alcalde anunció antes de ayer que 21 millones serán entregados por anticipado en el momento de la firma del convenio. Pero de acuerdo a la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, en vigor desde el pasado diciembre, el Ayuntamiento no podrá disponer del dinero hasta que no se apruebe definitivamente la modificación de elemento al PGOU, la decisión que ahora se disputan la Junta y el alcalde.

El viceportavoz del PSOE, Enrique Salvo, entiende que el principal objetivo del alcalde es conseguir financiación antes de las elecciones municipales para un Ayuntamiento que está en una delicada situación económica. Salvo dijo ayer que aunque De la Torre no podría disponer del dinero, al quedar depositado en las cuentas municipales engrosaría la liquidez del consistorio, por lo que podría acceder a créditos bancarios a los que ahora no puede al rozar el umbral de endeudamiento permitido por ley.

Para la oposición, esta circunstancia explicaría las prisas del equipo de Gobierno por aprobar el proyecto y optar por la vía de la modificación de elemento al plan actual justamente cuando se está elaborando el nuevo PGOU. La oposición entiende que sería más lógico lo segundo, y así tener la oportunidad además de someter a debate ciudadano un proyecto tan innovador en el diseño urbanístico de la ciudad como este.