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Tribuna:

La crisis de los cayucos

Un viaje por mar durante cuatro días, y con destino a una de las más importantes plazas turísticas del Atlántico, es indudablemente un programa atractivo. Si el precio no supera los 300 euros, la oferta es irresistible. El problema reside en que ésta no es una oferta disponible en nuestras agencias de turismo para atraer a los miles de ciudadanos que buscan destino para las inminentes vacaciones de Semana Santa, sino que es la oferta que se puede encontrar en la costa norte de Mauritania para intentar alcanzar en cayuco -una especie de canoa- las costas de Tenerife o Lanzarote.

Es evidente que esta apuesta de miles de africanos para alcanzar un país europeo es mucho más arriesgada y peligrosa que hacerlo desde la costa de Marruecos cruzando el Estrecho. No es que el paso del Estrecho en patera sea una actividad sin riesgo, como centenares de muertes ya lo demuestran. El problema es que por un lado es mucho más caro encontrar plaza en una embarcación de Marruecos que en una de Mauritania. Por otro lado, hoy empieza a ser mucho más difícil para un subsahariano acceder a la costa norte marroquí como consecuencia de la mayor vigilancia policial contra la circulación en Marruecos de personas estranjeras con destino hacia Europa.

La crisis de los cayucos pone una vez más ante nuestros ojos la evidencia de que cuando la decisión de emigrar ya ha sido tomada, pocos inmigrantes van a desistir del viaje por las dificultades que puedan encontrar para alcanzar su objetivo de destino. Hay un instinto de superación que lleva a minimizar por parte del inmigrante la consideración de los riesgos que muchas de las formas de desplazamiento migratorio comportan. Lo hacen los menores magrebíes cuando se colocan en la parte inferior de los camiones o los que se encajan en cámaras frigoríficas para pasar inadvertidos en los controles policiales. Lo hacen los que se lanzan a la mar en pateras o cayacos. Lo hicieron incluso aquellos jóvenes que se escondieron en el hueco del tren de aterrizaje de un avión creyendo haber encontrado la fórmula para llegar desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Lo hacen los espaldas mojadas que se adentran en los áridos desiertos que creen que los llevarán hasta el sueño norteamericano.

La fuerza que necesariamente debe acompañar a cualquier persona que ya decidió dejar a los suyos y abandonar su país en busca de futuro en otro continente, lleva probablemente a convencerse de que cualquier riesgo será superado, por desproporcionado que este sea, especialmente si con anterioridad otros lo han superado. Poco importa que en muchas ocasiones -como ocurre en la crisis de los cayucos- más de la mitad de los que inician el viaje no lleguen a destino y pierdan su vida en el trayecto. No es desapego a su propia vida lo que los lleva a minimizar los riesgos, sino un exceso de confianza en ellos mismos, una confianza sin la cual ningún proyecto migratorio seria posible.

El Gobierno español exige al de Mauritania el cumplimiento del acuerdo del año 2003, según el cual ese país debe admitir a todos los inmigrantes que salieron desde Mauritania y que entraron en España de manera irregular. Poco o nada importa si esas personas son o no de nacionalidad mauritana. En verdad sabemos que la mayoría no son nacionales de ese país, sino de otros muchos países subsaharianos. Es evidente que un acuerdo está para que se cumpla, pero lo que debería plantearse en este caso es la validez moral del mismo y en consecuencia plantear su modificación. Se puede llegar a aceptar que Canarias no puede soportar más el incremento de centros para inmigrantes en situación irregular, pero lo que nadie puede mantener es que lo que no puede asumir el Estado español deba asumirlo Mauritania.

Que se canalice ayuda económica de Cruz Roja, Acnur o la Unión Europea para estos centros que se deben crear en Mauritania no puede ser la justificación para que desde España se transfiera el problema y la crisis a Mauritania. Que se anuncie que desde organismos internacionales se trabajará para que esos inmigrantes que se van a devolver a Mauritania sean repatriados posteriormente a sus respectivos países no puede ser tampoco lo que tranquilice nuestras conciencias pensando que finalmente Mauritania tendrá la ayuda adecuada para resolver esta cuestión.

La complejidad y dificultad que rodea la gestión de la inmigración no nos debería hacer pasar por alto que actuaciones como la que nos ocupan no son más que parches superficiales para una herida que no ha recibido previamente el mínimo e indispensable tratamiento para que la misma se cure.

Estamos ante una nueva forma de colonialismo en el sentido más genuino del concepto; trasladamos a esos territorios aquello que a nosotros nos produce incomodidad y costes. Parece razonable pensar que España ha comprado centros para inmigrantes en Mauritania a cambio de supuestas ayudas para el desarrollo de ese país. Finalmente, las autoridades mauritanas deben de pensar que su país es muy grande -tres veces mayor que la Península Ibérica- y sus habitantes muy pocos -menos de la mitad de los catalanes- para no ceder unos cuantos metros cuadrados a cambio de otras cosas. El problema, ciertamente, no son los metros cuadrados que estos centros ocuparán. El problema está en la necesidad de dar un trato digno a sociedad mauritana -¿por qué les imponemos a ellos lo que no queremos para nuestra sociedad?- y a unas personas -los inmigrantes-, que no pueden ser tratados como mercancías a la espera de su repatriación. ¿Qué estamos haciendo?

Jordi Sánchez es politólogo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de marzo de 2006