Los convenios bumerán

La política de construcción de infraestructuras educativas puesta en marcha por el PP al acceder al poder en 1995 tuvo un punto de inflexión cuando el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, fue nombrado consejero de Educación, en el año 1997. Camps puso en marcha al año siguiente los convenios de colaboración entre la Generalitat y los Ayuntamientos para la construcción de colegios. Mediante el nuevo sistema, los municipios asumían la gestión y anticipaban el coste de construcción del centro educativo. Así, los Ayuntamientos adelantaban el dinero que luego pagaría, con intereses incluidos, la Consejería de Educación. Algunos de aquellos convenios todavía colean, según Ana Noguera, portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, después de haber sido renegociados hasta en tres ocasiones. Noguera los bautizó en su día como los convenios bumerán.

"Los ayuntamientos adelantaban dinero que después pagaría la consejería"

Este sistema tenía trampa, según la diputada, por varias razones. Por un lado, dice, porque la consejería "hacía una clara dejación de su obligación de construir centros educativos, traspasando esta gestión al Ayuntamiento" y, por otro, porque era "una clara forma de encubrir deuda, pues los ayuntamientos adelantaban dinero que después pagaría la consejería". Pero, además, se ha demostrado ineficiente, puesto que la mayor parte de los convenios firmados por Camps y por sus sucesores en la Consejería de Educación, desde el fallecido Manuel Tarancón al actual titular, Alejandro Font de Mora, han sido renegociados varias veces. Así se iban alargando los plazos de ejecución de los colegios, al mismo tiempo que aumentaban los precios de los proyectos y renegociando la deuda de la consejería con los Ayuntamientos. El sistema, según Noguera, ha supuesto "un ahogo económico" para muchos municipios y un "fracaso" de la gestión de Camps, no ya en su época de consejero, sino también ahora, como presidente, porque es "incapaz de pagar esas deudas y las aplaza a la siguiente legislatura". La diputada socialista se pregunta cuál es la deuda actual que la Generalitat mantiene en la actualidad con los Ayuntamientos, a cuántos debe dinero y qué plazos de amortización está renegociando.

Noguera cita seis acuerdos firmados con municipios de la provincia de Alicante, que es "donde se observa claramente la ruina económica que estos convenios han supuesto", a juicio de Noguera. "Hemos detectado que la peor gestión realizada por la consejería se centra en la provincia de Alicante, cuando, lamentablemente, esta es también la más castigada, pues es la que tiene más barracones, donde el mapa escolar está más retrasado y donde existe mayor número de alumnos inmigrantes y las ratios escolares son más altas", señala la diputada socialista. Tres de esos convenios correspondientes los firmó inicialmente Francisco Camps y dos de ellos han sido renegociados en dos ocasiones. Y siempre con el mismo resultado: aplazamiento o retraso de la construcción y, por supuesto, incremento de la deuda pendiente. En este último aspecto, con porcentajes, en algunos casos, espectaculares.

El más claro es el caso de Benissa. El primer convenio de la Generalitat con el Ayuntamiento lo firmó Manuel Tarancón en el año 2000, con un precio inicial de tres millones de euros. El mismo Tarancón firmó una primera renegociación en 2003, un año después Font de Mora rubricó otro documento y en septiembre del pasado año, uno más, siempre según datos aportados por la diputada. El resultado es que el precio ha pasado a superar los 11 millones de euros, lo que representa un sobrecoste del 284%. Y el colegio sin terminar.