Un tesoro mal administrado

En enero, José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, entregó a la presidenta del Parlamento un informe especial en el que se analiza el sistema de suministro de agua, de carácter domiciliario, en Andalucía. El documento revela problemas que afectan a la calidad de este servicio y, sobre todo, a la buena administración de un bien escaso. Más de la mitad de los municipios analizados admiten fugas por las que se pierde entre un 20% y un 40% del agua suministrada.

El permanente debate en torno al agua se alimenta, desde enero, con nuevos elementos de juicio, generados a partir de un completo informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz. El documento, que analiza la situación de los abastecimientos domiciliarios en 340 municipios de la región, busca, como se afirma en sus conclusiones, "concienciar a todos (poderes públicos, entidades suministradoras y usuarios) para lograr una disponibilidad suficiente de agua, en condiciones de calidad y eficacia".

En lo que se refiere a aquellos aspectos de mayor repercusión ambiental, tal vez el dato que más inquietud debería provocar es el que se refiere al derroche, motivado por las fugas en los sistemas de abastecimiento. Admitiendo que es un elemento difícil de controlar y medir, lo cierto es que 78 municipios andaluces (de un total de 234 que ofrecieron información sobre este particular) admiten fugas de entre un 21% y un 30% sobre el total de agua canalizada a los hogares. Otros 57 municipios estiman pérdidas de entre un 11% y un 20%, y también se anotan 47 municipios que revelan fugas de entre un 31% y un 40%.

Estos datos adquieren aún mayor trascendencia si se combinan con los índices de población. De todas las respuestas recogidas, puntualiza el informe, "obtenemos dos cifras significativas: más de la mitad de los municipios que responden a la pregunta reconocen que tienen pérdidas entre el 20% y el 40%, y los habitantes que se ven afectados por esta circunstancia superan los 4.700.000, es decir, más del 70% de la población encuestada". De hecho, los 32 municipios que declaran pérdidas por debajo del 10% sólo representan a una población de algo más de 430.000 habitantes.

Las mayores pérdidas se registran en Níjar (Almería), con fugas que rebasan el 70%, justamente en una provincia, y en una comarca, donde este es un elemento de enorme valor. Igualmente llamativo es el caso de San Silvestre de Guzmán, una localidad onubense que no llega a los 700 habitantes y que admite fugas por encima del 60% del caudal suministrado a los vecinos.

En las capitales de provincia la situación se suaviza, con fugas que, como media, apenas rozan el 20%, fenómeno que los redactores del informe achacan a una mejor gestión de este bien, debida, entre otros factores, a una mayor dotación de recursos humanos y técnicos. Aun así, la situación no es homogénea, ya que Almería admite fugas que se sitúan en el 30% y Granada sólo estima un 12% de pérdidas, siendo estos dos los escenarios extremos. En la zona alta también se sitúan Málaga (27%) y Cádiz (25%), y en la baja se encuentran Córdoba, Huelva y Jaén (16%).

En estrecha relación con este problema se ofrecen datos, igualmente llamativos, sobre el control del suministro, facturación y consumo de agua, un capítulo en el que aparecen suficientes deficiencias como para que el defensor dude, de manera razonable, sobre la fiabilidad de los datos en los que se fundamenta la planificación y gestión de este elemento. Considerando el conjunto de todos los municipios, el agua puesta en distribución en la red sólo se registra en un porcentaje que, como mucho, alcanza el 77% del total disponible. A su vez, el agua facturada cae hasta porcentajes que no superan, en los mejores años, el 69%.

sandoval@arrakis.es