La Cámara vasca respalda a los empresarios frente al terrorismo

El Parlamento vasco aprobó ayer por una amplia mayoría una declaración de respaldo a los empresarios amenazados por ETA, en la que se condena la sucesión de atentados, intimidaciones e intentos de extorsión y se exige a la banda "el cese definitivo de su actividad terrorista", incluidas las prácticas como el chantaje económico. La Cámara volvió a expresar su apoyo a ese colectivo en un momento de recrudecimiento de las acciones contra él. PSE, PP y los grupos del tripartito alcanzaron un acuerdo que no secundaron los abertzales.

El acuerdo lo propiciaron sendas iniciativas del PSE y del PP, que terminaron fundidas en una sola, pactada también con los tres grupos del Gobierno vasco, PNV, EA y EB.

El texto y el amplio apoyo suscitado vienen a dar respaldo a un empresariado que reclama unidad a las fuerzas democráticas cuando se ha convertido de nuevo en el objetivo más perseguido de la banda terrorista.

Industriales, comerciantes y profesionales han visto elevarse el tono de la intimidación, con procedimientos que van desde la voladura de empresas, hasta las nuevas oleadas de cartas de extorsión, que incluyen advertencias y pruebas cada vez más inquietantes del seguimiento a que los someten a ellos y a sus familiares.

De ahí la insistencia última de los líderes de los partidos vascos en que el cese de la violencia debe incluir el fin de toda amenaza y extorsión económica.

La iniciativa del Parlamento se añade al mensaje de condena expresado por el príncipe de Asturias en su visita el jueves a San Sebastián, donde recalcó su "condena y rechazo" de las "inaceptables acciones, amenazas y extorsiones" que "afectan al libre ejercicio de los derechos y libertades de los empresarios y de todos los ciudadanos".

El texto aprobado por la Cámara vasca condena "la sucesión de atentados, intimidaciones e intentos de extorsión" y reitera la solidaridad a los afectados, a sus familiares y empleados. También expresa el respaldo a la Ertzaintza y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra estas "prácticas criminales" de ETA y exige al grupo terrorista "el cese definitivo de su actividad". El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, se mostró muy duro y calificó la práctica de ETA de "macabra, cínica y rastrera". Aunque se disfrace de actuación política, dijo Urkullu, se trata de "algo asqueroso y rechazable".

Los abertzales de EHAK se opusieron a condenar las amenazas y a pedir el cese de ETA, aunque secundaron, igual que Aralar, un punto en favor de los derechos humanos y contra la amenaza de la violencia en el que que la votación fue unánime.

La sintonía de los grupos mayoritarios de la oposición y del Gobierno duró poco. Tripartito, EHAK y Aralar sumaron en el siguiente debate sus votos para instar al Gobierno a derogar de modo "efectivo" y "urgente" la Ley de Partidos Políticos.

Los proponentes intentaron sumar al PSE a su postura argumentando que la derogación de esa ley sería un paso en favor del proceso de paz, pero los socialistas se negaron.

"El Gobierno se ha movido ya de forma sustantiva", dijo su portavoz, José Antonio Pastor, en referencia a la resolución del Congreso para un final dialogado si ETA abandona las armas. "Quien tiene que cumplir ese requisito es ETA", añadió.

Pastor y el popular Carlos Urquijo coincidieron en la eficacia de la Ley de Partidos y en su necesidad mientras perdure el terrorismo. Pero a continuación se enfrentaron también. Urquijo acusó de "inacción al fiscal general del Estado, que consiente la presencia aquí de los herederos de Batasuna", y Pastor tachó de "miserable" la estrategia del PP y le acusó de "no hacer oposición al nacionalismo o a la violencia sino al PSE".

Por su parte, el lehendakari acusó al PP de ser "un obstáculo para la paz", después de que su líder, María San Gil, le reprochara no ser lehendakari de todos los vascos por haber recibido al dirigente de Batasuna Pernando Barrena el día de la Constitución. "Mi misión es achicar espacio a los aguafiestas y ustedes son aguafiestas", le dijo Ibarretxe.