El PP salda el enfrentamiento con el delegado del Gobierno al reprobarlo en la Asamblea

Solicitar la destitución del delegado del Gobierno, Constantino Méndez, y reprobar su actuación al frente del cargo fue la fórmula utilizada por el grupo popular durante el pleno de ayer de la Asamblea regional para tomarse la revancha por sus diferencias con el representante del Ejecutivo central en la región. La proposición de ley que recogía ambas iniciativas fue aprobada anoche con los votos mayoritarios del PP -los 56 presentes en la sala- y con el rechazo de PSOE e IU (52 votos). La oposición abandonó el hemiciclo al final del debate en señal de protesta por la intervención del consejero Alfredo Prada.

El enfrentamiento entre el Gobierno regional y Méndez se ha recrudecido desde que el delegado cifró en 111.000 los asistentes a la manifestación organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado 25 de febrero, mientras que el consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, elevó la cifra a 1,4 millones, sin explicar cómo la calculó.

El desencuentro es tal que, en el debate parlamentario, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, calificó de "obscenas mentiras" el cómputo de asistentes que hizo la Delegación del Gobierno. "Usted pretende que el delegado cuente manifestantes como lo hacía el señor Urdaci" [ex jefe de Informativos de TVE], le espetó la diputada socialista Soledad Mestre. "El delegado no cuenta manifestantes. Lo hace la policía", agregó.

El texto de la proposición justificaba la reprobación de Méndez por "sus declaraciones machistas, atentando contra la dignidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid [Esperanza Aguirre] y por su incapacidad manifiesta en la gestión de las competencias" de su cargo. El pasado 27 de febrero, dos días después de la manifestación de la AVT y tras conocer las cifras de asistencia que manejaba la Comunidad, el delegado afirmó que la presidenta regional es una persona a la que le resulta "difícil" tener "tres cosas en la cabeza".

Aumento de la inseguridad

Además, el PP responsabiliza al delegado del aumento de la inseguridad en la región. Para ello toma las estadísticas del juez decano de Madrid y no las que ofrecen las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según las primeras, citadas ayer por Beteta, la inseguridad ciudadana ha crecido el 13% en la región durante el segundo semestre de 2005. La socialista Mestre esgrimió, en cambio, la tasa de criminalidad que ofrece el Ministerio del Interior, que ha pasado de 72,4 delitos por cada 1.000 habitantes durante el último Gobierno de José María Aznar a 66,9 por 1.000 en la actualidad.

Pero, como reconoció Beteta, tras la reprobación está sobre todo el disgusto del Gobierno regional por una serie de actuaciones de Méndez. El portavoz popular enumeró hasta 17 razones por las que cuestiona el trabajo de Méndez, al que acusó de haber "usado la institución de forma partidista". Entre ellas, Beteta citó la detención de dos concejales del PP de Majadahonda tras la manifestación del 22 de enero del año pasado en la que hubo un amago de agresión al ministro de Defensa, José Bono.

Beteta afirmó que Méndez "juega con la seguridad de los ciudadanos por una cuestión política". Según el portavoz popular, se trata de una de las vertientes del enfrentamiento que mantiene el Ejecutivo central con el que dirige Aguirre. "Todo Madrid sabe que Zapatero asfixia a la Comunidad", dijo el portavoz del PP.

Los tres diputados que intervinieron en el debate mencionaron el incidente protagonizado el día anterior por el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, cuando recriminó a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se "disfrace" para representar a España, lo que motivó la salida del hemiciclo de las diputadas de izquierda. "El mayor boicoteo a esta moción suya es el señor Zaplana", afirmó el diputado de IU, Luis Suárez, que insistió en que le había quitado al PP la autoridad para pedir explicaciones al delegado del Gobierno. Mestre aseguró que Zaplana había hecho "un alarde de ignorancia y machismo sin límites", por lo que calificar de machista al delegado no es creíble.

El final del debate no fue seguido por los diputados de la oposición. La presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, autorizó la intervención del consejero Prada, que solicitó el amparo del artículo 113.6 del reglamento. Según esta disposición, pueden participar en el debate los miembros del Gobierno cuando se abra un turno para todos los grupos. La portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, se quejó por entender que no estaba contemplado por el reglamento.

Dancausa concedió la palabra a Prada, lo que motivó las protestas de los diputados de la oposición, que golpearon las mesas cuando comenzó a hablar. Al final, se marcharon del hemiciclo y renunciaron a su turno de réplica.