PSOE e IU irán a los tribunales si el PP veta una comisión sobre la línea 9 de metro

Los grupos socialista y de IU en la Asamblea regional pretenden llegar, si hace falta, hasta los tribunales con el fin de que una comisión de investigación estudie el contrato de concesión de obras y explotación de la línea 9 de metro, así como el riesgo que pudo haber en 1999 para los usuarios. Así lo declararon ayer los portavoces del PSOE, Rafael Simancas, y de IU, Fernando Marín, tras registrar la propuesta para que se investiguen los hechos que narra en un informe el que fue director de Infraestructuras la legislatura pasada, Manuel Melis. La mesa de la Asamblea estudiará el martes si la admite. "Si el PP veta esta comisión, estará demostrando que tiene mucho que ocultar", dijo Simancas.

Los portavoces de la oposición entregaron en el registro un documento firmado por los 45 diputados socialistas y los nueve de IU, donde solicitan una comisión de investigación que esté lista el próximo 30 de junio. "Nos asiste el reglamento de la Asamblea", recalcó Simancas. "Si el PP hace valer su mayoría fraudulentamente y veta esta iniciativa, nos tendrá que ver primero en la mesa y luego en los tribunales".

Sin embargo, no precisó en qué instancia judicial, porque aseguró que se decidirá en función de la recomendación de sus servicios jurídicos. El portavoz socialista insistió en que existe "responsabilidad personal de índole jurídica en cada uno de los miembros de la mesa" si se niegan a dar luz verde a la comisión. "Cuando se prevarica [dictar una resolución injusta a sabiendas], se asumen responsabilidades", remachó. "Quiero advertírselo a los miembros de la mesa".

"Sería la primera vez que una comisión no sale adelante por decisión mayoritaria de la mayoría de un solo grupo", subrayó por su parte Marín. "Sería un atentado contra la democracia". El portavoz de IU aseguró también que tiene "pocas esperanzas en que el PP acepte la comisión".

El portavoz socialista desgranó los objetivos de la comisión, que estaría formada por tres diputados de cada grupo. "Queremos llegar a conclusiones razonables de interés público para establecer garantías a fin de que en construcciones futuras de líneas de transporte público no se cometan los mismos errores", explicó Simancas, que recordó algunas de las incidencias que hizo públicas Melis en su informe.

"Queremos garantías normativas, presupuestarias, de gestión, de control, para que nunca más los ciudadanos corran riesgo en su seguridad y para que nunca más se produzca riesgo de sobrecoste y de quebranto para el erario público", concluyó. Simancas asegura que la línea ha costado el doble de lo que en un principio estaba presupuestado: 131 millones de euros.

Responsabilidades penales

Tanto el portavoz socialista como el de IU puntualizaron que de la comisión de investigación pueden deducirse futuras responsabilidades penales derivadas de la actuación en torno a las obras de la línea 9. "No descartamos que la investigación llegue a conclusiones penales", destacó Simancas. "Hubo graves errores en la construcción y puesta en funcionamiento del servicio. ¿Por qué no se reclamó a la concesionaria?", se preguntó. "Vamos a establecer hechos y responsabilidades, porque sospechas e indicios, los hay".

El portavoz del PP, Antonio Beteta, no aclaró la decisión que su grupo parlamentario piensa tomar respecto a la comisión de investigación. En cambio recordó que en el pleno de la Asamblea de mañana se producirá la reprobación del delegado del Gobierno, Constantino Méndez. "Ésta es una maniobra política destinada a ocultarlo", puntualizó. Beteta explicó después que su grupo no conocía aún el texto de la propuesta de PSOE e IU. "Vamos a analizarla conforme a Derecho. Y estoy hablando exclusivamente de si cumple los requisitos", aclaró. "La vamos a estudiar con el cariño que corresponde".

Según Beteta, hay muchas dudas. Entre ellas, que una de las funciones de la Asamblea es controlar e impulsar la tarea del Gobierno. "No puede impulsar la acción de un Gobierno que ya no lo es", agregó, en referencia a que los hechos denunciados por Melis corresponden al anterior mandato, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente. "¿Las declaraciones de una persona que ya no es alto cargo de la Comunidad [Melis] son susceptibles de ser objeto de una comisión? Son asuntos a reflexionar", añadió. Beteta recordó que se abre un periodo de reflexión hasta el martes, al ser fiesta el lunes. "No hay nada descartado", zanjó.