El conflicto del Puerto de Bilbao sigue atascado pese a las promesas del Gobierno

El conflicto del transporte por mercancías en el Puerto de Bilbao sigue atascado más de un año después de que el Gobierno anunciara su propósito de solucionarlo. Las distintas partes coinciden en que no se ha avanzado nada para cambiar el sistema de monopolio por parte de un millar de transportistas autónomos. Hace un año se creó la figura de un comisionado que plantease una solución pero su labor ha sido aparcada y el informe que elaboró, ninguneado. La comisión creada que asumió su tarea no ha avanzado nada en sus tres primeras reuniones.

Este conflicto cumple ya 11 años y nace del sistema de transporte de mercancías en camiones. Los transportistas autónomos, que tras la crisis de los 90 que hundió las compañías existentes debieron convertirse en empresarios, acordaron un convenio para limitar el trabajo en el recinto portuario. El sistema pretendía garantizar un trabajo y tarifas dignas para ellos. Esto se ha traducido en que cada una de las 55 empresas consignatarias que trabajan en el Puerto de Bilbao sólo puede operar con los transportistas que se les asigna.

Este modelo ha creado un mercado de licencias, que se traspasan cuando el titular cambia de trabajo o se jubila. El precio por camión, que en septiembre de 2003 era de 48.000 euros, ha aumentado, en octubre pasado, hasta los 84.000 euros, según un informe de Uniport, la asociación sin ánimo de lucro para la promoción del puerto.

El Gobierno vasco se decidió a intervenir en 2004 con la creación de una mesa con todos los agentes del puerto para buscar la libre competencia. Este foro encargó un informe a un catedrático de Derecho Administrativo, José Eugenio Soriano, quien calificó al sindicato Sintrabi (que agrupa a 800 de los 1.200 camiones que trabajan en el transporte de mercancías) de "cartel camionero" y propuso medidas policiales, judiciales y fiscales.

La iniciativa pareció agilizarse hace ahora un año cuando el Gobierno creó la figura del Observador del Puerto, cuya misión era ofrecer un diagnóstico y sobre todo aportar soluciones al conflicto. Este comisionado, Rafael Puntonet, elaboró un informe que planteaba una enfoque global de la situación del Puerto y, a partir de ella, solventar el problema del transporte. El documento preveía definir el nuevo modelo para diciembre de 2006 y conseguir su implantación en diciembre de 2007.

Pero la llegada de un nuevo equipo al Departamento de Transportes del Gobierno, tras las elecciones del pasado año, frustró el proyecto. Transportes formó en enero cuatro grupos de trabajo, entre ellos el que abordará la futura estructura empresarial en el transporte de mercancías, el asunto clave.

Pero ya se han celebrado tres reuniones y los encuentros sólo han servido para presentar un informe de Uniport sobre la problemática y no se ha producido ningún debate ni se han cruzado nuevas propuestas. "Aquí seguimos igual que hace un año. No se ha avanzado", afirma un miembro del sindicato Sintrabi.

El comisionado se ha erigido en el dinamizador de esta comisión pero su labor ha cambiado completamente. Cuando se le nombró, fue por su experiencia en la intermediación de conflictos y ahora su función es puramente técnica, cuando tiene un conocimiento mínimo del sector, coinciden varias fuentes consultadas.

La próxima reunión se celebrará dentro de dos semanas pero los participantes son pesimistas. "Cada uno tiene sus intereses. Se ve poca voluntad por parte de todos", afirma un portavoz del sindicato de transportistas Egas. El Gobierno mantiene su política de discreción informativa hasta que no haya avances.