Simancas cifra en 100 millones el sobrecoste de la línea 9 de metro

El portavoz socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, insistió ayer en la necesidad de abrir una comisión de investigación sobre las deficiencias en la construcción del metro a Arganda en 1999, reveladas en un informe del que era director de Infraestructuras, Manuel Melis, en la etapa en que Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. La razón que esgrimió Simancas es que el contrato de obras y explotación del servicio sigue en vigor, pues dura 29 años. También denunció que las incidencias aumentaron el coste de la obra en unos 100 millones. "Entre reparaciones y extras", puntualizó.

La concesión de la ampliación de la línea 9 de metro a Arganda fue adjudicada a una unión temporal de empresas formada por Metro, FCC, OCP, Cubiertas y Caja Madrid como socio financiero. Esta unión se comprometió a ejecutar las obras, pero también a explotar el servicio de la línea durante 29 años.

El hecho de que ese contrato esté en vigor lleva a los socialistas a insistir en la necesidad de que sea abierta una comisión de investigación. El pasado jueves, el portavoz del grupo parlamentario del PP, Antonio Beteta, aseguró que no habrá comisión, ya que éstas sólo se reservan a controlar las actuaciones del Gobierno en ejercicio. Según Beteta, la asamblea no puede abrir una investigación porque las obras las adjudicó el Ejecutivo que presidía Ruiz-Gallardón (PP).

Simancas recordó que Gallardón pertenece al mismo partido que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero también recalcó que "el contrato se está pagando en la actualidad" y, por tanto, puede ser investigado.

El líder socialista expuso también que una obra que debió haber costado 130 millones de euros va a suponer a los madrileños unos 230 millones. "Casi el doble", subrayó. El grupo socialista estima que la adjudicataria hizo una inversión inicial de 130 millones de euros, pero a esta cifra añade un sobrecoste de unos 100 millones, que calcula que han costado las reparaciones de las incidencias sufridas en la línea 9, así como las modificaciones al proyecto. Ese dinero habría sido sufragado por la Comunidad de Madrid, según el portavoz socialista.

Simancas citó ayer algunos de esos gastos. "Hubo que cambiar los clips que unen las vías a lo largo de 18 kilómetros para ajustarlos a las traviesas del AVE", explicó. Poco después, continuó, hubo que cambiarlos otra vez porque no ajustaban. Según el líder socialista, también fueron reinstalados los postes que sujetaban las catenarias con contrapesos nuevos y hubo que reparar la avería cuando en mayo de 1999 cayeron cinco postes sobre la vía.

"La concesionaria también solicitó que fueran enterrados 1.500 metros de vía a su paso por Rivas, que no estaban contemplados, pero que le costó al Gobierno regional 30 millones de euros", continuó Simancas, que también recordó que la adjudicataria pidió unas instalaciones de 11.000 metros cuadrados en Vicálvaro, y la construcción de una quinta estación en Rivas se hizo "porque lo pidió la concesionaria". "Hubo prácticamente que rehacer la obra", afirmó.

El grupo socialista registrará en la Asamblea el próximo martes la petición de apertura de la comisión que estará apoyada, además de con los votos de sus 45 diputados, con los nueve de Izquierda Unida. Sin embargo, la Mesa de la Cámara no decidirá hasta la semana siguiente.

"Velar por la seguridad"

"Estamos obligados a pedir la investigación por nuestro deber de velar por la seguridad de los ciudadanos de la región, que estuvo en riesgo, así como éstos, que, según palabras de la persona encargada de las obras [el director general de Infraestructuras, Manuel Melis], corrieron el riesgo de ser electrocutados", argumentó.

El portavoz popular en la Asamblea, Antonio Beteta, acusó ayer a Simancas de "irresponsabilidad" por intentar generar alarma entre los usuarios del suburbano. Según él, todos los responsables de transporte de los grupos parlamentarios han tenido continua información sobre las obras. "Si algo se está realizando de forma irregular, que no es el caso, tanto el PSOE como IU tendrían conocimiento, por lo que no entendemos estas acusaciones oportunistas", agregó.

Beteta insistió en que la construcción de la línea 9 "no pertenece al Gobierno de Esperanza Aguirre".