La universalización de la política

La globalización, con los consiguientes cambios en las relaciones de poder en el ámbito internacional, ha provocado un debate sobre cuáles son los nuevos espacios de realización de la política. Existe una cierta coincidencia en señalar que las fronteras nacionales se empiezan a desdibujar, así como se admite que la mejor manera de atender a determinados problemas y desafíos es mediante la coordinación y colaboración entre los Estados. Pero, junto a esta participación creciente de países en decisiones adoptadas a nivel internacional, también aumentan las competencias de los niveles de Gobierno regional y local, que permiten resolver de manera más eficaz algunas necesidades de los ciudadanos. Este proceso de descentralización de competencias "hacia arriba" y "hacia abajo" sitúa a los actores políticos en escenarios nuevos y los obliga a un cambio de actitud, basado en la cultura del consenso y la concertación de iniciativas.

La Unión Europea sería el ejemplo más perfeccionado de lo que yo llamaría la universalización de la política. Responde a ese esquema en el que las propuestas políticas traspasan las fronteras, se adoptan a nivel internacional y tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de la gente. En la Unión Europea hay numerosas instituciones en las que actores políticos de orígenes nacionales muy diversos se reúnen y toman decisiones. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo se reúnen representantes de 25 Estados diferentes. En cuanto al Consejo de Ministros de la Unión, ahí están representados los ministros de los Gobiernos nacionales y también de los regionales, cuando se trata de Estados federales. Otra institución de estas características es el Comité de las Regiones, cuyos miembros son representantes de ayuntamientos y de regiones o, en nuestro caso, comunidades autónomas.

No todos los ejemplos de integración regional tienen el mismo grado de coordinación de sus políticas. Mercosur es un ejemplo de integración, aunque todavía no ha llegado a la unidad política lograda por la Unión Europea. Junto a éstos, surgen otros procesos de integración que nacen con voluntad de definir objetivos y coordinar proyectos, pero que necesitan una mayor experiencia para saber hasta dónde pueden llegar, como es el caso de las Cumbres Iberoamericanas. En este caso no hablamos de integración regional, que es el modelo más frecuente, sino de comunidad de intereses articulada en torno a la historia, la cultura, la lengua o la identidad.

Naciones Unidas podría ser el ejemplo más claro, aunque no el más perfecto, de universalización de la política, pues en ella podemos discutir asuntos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Pero aunque hemos avanzado mucho en lo que se refiere a las obligaciones contraídas por los Estados en esta institución, todavía es necesario reforzar los mecanismos de adopción de decisiones y participación en las mismas.

Por otro lado, la progresiva liberalización de las economías nacionales ha traído, como consecuencia, una creciente universalización. Si nos referimos al ámbito de la Unión Europea, es evidente que la regulación del comercio comunitario, la libre circulación de trabajadores, mercancías y servicios, la existencia de una moneda común o un Banco Central Europeo son elementos suficientemente consolidados como para pensar en una coordinación amplia de las políticas económicas de los Estados miembros. Pero ¿pueden los Estados hacer políticas económicas diferentes? En el espacio europeo, desde luego, se han estrechado mucho los márgenes para desarrollar políticas económicas diferenciadas. En el escenario internacional la situación es otra, no sólo porque existen grandes diferencias entre países, sino porque entre aquéllos con economías similares existe fuerte competencia. En todo caso, organizaciones como la OMC, el FMI o el Banco Mundial evolucionan en el sentido de que sus decisiones sean aceptadas por los países.

También en el ámbito de la justicia, las libertades y los derechos humanos encontramos elementos de universalización. Los antecedentes más inmediatos los tendríamos en los tribunales de Núremberg (1945-1949) y de Tokio (1946-1948), que juzgaron los crímenes de guerra cometidos en la II Guerra Mundial por los regímenes nazi y japonés. Sobre la base de esta experiencia se puso en marcha el Tribunal Internacional de La Haya, máxima instancia judicial de la ONU, que tuvo un impulso decisivo con la puesta en marcha del tribunal para juzgar los crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia en 1993 y el tribunal que juzgó la masacre entre hutus y tutsis en 1994. El mayor logro de estos tribunales fue el de propiciar un cambio de cultura que supuso el fin de la impunidad, el establecimiento y verificación de los hechos sobre los que se sustentan las acusaciones y condenas y, finalmente, el reforzamiento del Estado de derecho. Se ha fijado un estándar global de justicia internacional frente a los crímenes de guerra y el genocidio que antes no existía. Gracias a todo este proceso se puso en marcha en 2003 la Corte Penal Internacional, con un carácter general y permanente. También hay casos en los que son los propios tribunales nacionales los que, en aplicación de convenciones internacionales y del propio derecho nacional, saltan las fronteras del Estado-nación para perseguir a criminales que han cometido delitos en terceros países. En España todos podemos recordar el caso Pinochet.

Hemos visto cómo la política ha transferido competencias y responsabilidades a instancias supranacionales. ¿Pero qué ocurre cuando el proceso de descentralización de competencias es desde el Estado a las regiones y ciudades? En España hemos asumido con bastante normalidad este proceso. De hecho, el marco constitucional ha permitido distribuir poder desde el centro a la periferia. Y este proceso ha sido un éxito, pues ha conseguido que las instancias más cercanas a los ciudadanos pudieran resolver aquello para lo que estaban mejor preparadas. ¿Es esto contradictorio con el fenómeno de universalización de la política? Desde mi punto de vista, no. Vamos a seguir encontrando numerosos supuestos en los cuales decisiones que se toman en el ámbito internacional son aplicadas directamente en el ámbito regional o local.

¿Quedaría debilitado el Estado? Tampoco. Tan sólo está cambiando su papel. El hecho de que actúe como coordinador entre los distintos niveles de poder, que garantice la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la seguridad de los ciudadanos y que extienda su presencia más allá de nuestras fronteras, tanto para defender nuestros intereses como para contribuir a una política común en aquellos campos que así lo exijan por la magnitud de sus retos, son funciones y responsabilidades lo suficientemente importantes como para pensar que su papel en el mundo actual es imprescindible.

Lo indudable es que la política se ha internacionalizado y que ello nos exige un esfuerzo de adaptación, un cambio de actitud que sitúe, en primer lugar, al multilateralismo como un principio básico del gobierno de la globalización; instaure, en segundo lugar, el respeto a la diversidad como forma de gestionar sociedades complejas, y, por último, promueva la colaboración entre los distintos niveles de poder donde se toman decisiones políticas para garantizar su eficacia.

Trinidad Jiménez es secretaria de Política Internacional del PSOE.