El juez imputa al dueño de la promotora Aifos un delito de estafa por vender viviendas sin tener licencia de obra

El titular del juzgado número 1 de Málaga ha imputado al dueño de la promotora inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado, y a su esposa, María Teresa Maldonado Taillafer, un presunto delito de estafa, al entender que "vendieron a terceros a través de distintas sociedades de las que formaban parte numerosos inmuebles supuestamente en construcción sin contar siquiera con las pertinentes licencias municipales" para realizar las obras. En su resolución, el magistrado decreta además el embargo de las cuentas corrientes de los imputados y de las sociedades de las que formen parte "para asegurar las responsabilidades civiles que se pudieran derivar de sus actividades presuntamente delictivas".

Entre 500 y 1.000 personas, según las asociaciones de consumidores, abonaron en 2001 y 2002 la entrada de su vivienda en al menos seis promociones de Rincón de la Victoria y Torrox, con el compromiso de la empresa de entregar los pisos en el plazo de 18 meses. A día de hoy, sólo una de ellas ha terminado la primera fase, y el resto no cuenta aún con licencia de obra, según fuentes de la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario, que representa a quince familias afectadas de las promociones Terrazas de Locea; Jardines del Rincón; Jardines de Añoreta y Lomas del Golf, en Rincón de la Victoria, y Balcones de Torrox. Estas familias pagaron cantidades que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros como señal para comprar una casa que nunca han podido ocupar.

Las primeras denuncias por el incumplimiento se interpusieron en abril de 2004. Desde que pagaron la entrada, los afectados por la supuesta estafa comprobaron cómo un año o dos después de abonar la fianza los trabajos de construcción no se habían iniciado, o incluso que la promotora había pasado las viviendas a otra parcela. A pesar de que los comerciales de Aifos se comprometían verbalmente a que las viviendas se entregarían en un año y medio aproximadamente, el contrato estipulaba que los pisos pasarían a sus dueños 20 meses después de la firma del acta de replanteo. "Los clientes no avisados pensaban que se trataba del contrato y no del documento que establece que no hay obstáculo para iniciarse la obra", aseguran fuentes de la asociación.

En su resolución, el magistrado aprecia indicios de estafa "al haber los imputados, conforme a un plan preconcebido, puesto a la venta diversos inmuebles aún no construidos con el fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito, sorprendiendo la buena fe de los compradores". De acuerdo con los denunciantes, otra práctica fraudulenta es que la promotora no avala con un seguro las cantidades entregadas a cuenta por los clientes.

A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas en el caso cuentan con el plazo habitual de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.