Berlusconi denuncia ante la Unión Europea el proteccionismo energético francés

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, exigió ayer la intervención de la Comisión Europea contra la actitud proteccionista del Gobierno francés al forzar la fusión de las empresas energéticas Gaz de France (GDF) y Suez para impedir que la italiana Enel lanzara una oferta de adquisición por esta última, de capital privado. Prueba de ese proteccionismo es que el Estado francés se asegura el control de al menos el 34% de la nueva empresa que surja de la fusión, un porcentaje que le permitirá defenderse de cualquier operación hostil que venga del extranjero.

El vicepresidente y ministro de Economía italiano, Giulio Tremonti, viajará hoy a Bruselas para protestar contra la "actitud proteccionista" del Gobierno francés en el caso Suez-Gaz de France. Tremonti se entrevistará con los comisarios de la Competencia, Neelie Kroes, y del Mercado Interno, Charlie McCreevy. La reunión viene precedida de una declaración de Berlusconi que señaló a la agencia Ansa: "Es absolutamente necesaria la intervención de la Comisión Europea".

En plena campaña electoral, toda la clase política italiana expresó su malestar por la fusión francesa, interpretada como una maniobra para evitar la entrada de la italiana Enel en el mercado energético del país vecino. Romano Prodi, candidato de la oposición a la presidencia del Gobierno y antiguo presidente de la Comisión Europea, comentó que no era posible un mercado interno sin reciprocidad. "Lo que se ha visto estos días es la falta de igualdad interna, resulta inaceptable que las empresas de ciertos países puedan ser adquiridas, y las de otros, no", añadió.

Prodi acabó culpando, sin embargo, al propio Gobierno de Berlusconi por su "absoluta carencia de una estrategia respecto a las empresas y respecto a los países europeos amigos". Gianfranco Fini, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, replicó que Prodi, como experto en cuestiones comunitarias, no debía decir "cosas manifiestamente infundadas".

"La opción francesa es claramente proteccionista y choca con los valores y con las reglas del libre mercado europeo", dijo Fini. El ministro de Industria, Claudio Scajola, canceló una reunión prevista desde hacía tiempo con el ministro de Industria francés y anunció que estudiaría un plan para adoptar posibles represalias contra las empresas francesas. "No quiero adelantar detalles porque mis palabras podrían afectar a empresas que cotizan en Bolsa", indicó.

GDF y Suez anunciaron ayer oficialmente las condiciones de su fusión, que se consumará probablemente a finales de año. Será la pública GDF la que absorberá a la privada Suez, cuyos accionistas recibirán un título de la gasista por cada uno que posean, lo que les supondría una prima del 3,9% sobre la cotización media de los últimos tres meses.

Suez, además, repartirá a sus accionistas un dividendo extraordinario de un euro por acción, lo que equivale a 1.250 millones de euros. La capitalización bursátil de la empresa resultante será de 72.400 millones.

La operación responde "a las ambiciones estratégicas" de ambos grupos, y el gigante energético resultante tendrá un volumen de negocio de 64.000 millones de euros, según señalaba un comunicado hecho público ayer por los presidentes de ambos grupos, Jean François Cirelli y Gérard Mestrallet, y el ministro de Economía y Finanzas francés, Thierry Breton.

El sorprendente anuncio, el sábado, del primer ministro Dominique de Villepin de sacar adelante esta fusión ante la inminencia de una OPA de la italiana Enel sobre la privada Suez recibió ayer las primeras críticas, menos por su contenido que por la precipitación con la que fue anunciada y por los quebraderos de cabeza que crea en la agenda del Gobierno, a un año de las elecciones presidenciales. Gaz de France está controlada en un 80% por el Estado, y con la fusión, ese porcentaje se diluirá por debajo del 50%, lo que obligará a cambiar una ley, que impide al Estado tener un control inferior al 70%.

Tan sólo hace dos meses, el propio Villepin defendía la salida a Bolsa de un 20% del gigante eléctrico EDF, argumentando que la ley obliga al Estado francés a mantener una presencia no inferior al 70% en la eléctrica, así como en GDF. Tras la fusión, el Estado francés tendrá como mínimo un 34% de la gasista.

Nueva ley

El Ejecutivo conservador está obligado a elaborar y votar en el Parlamento con carácter de urgencia una ley que se lo permita. Breton aseguró ayer que con este porcentaje el Estado dispondrá de una "cuota de control" de la nueva compañía y que la ley se sacará adelante en los "próximos dos o tres meses". Los sindicatos reaccionaron ayer con irritación al proyecto, que también recibió críticas desde la oposición. Para el socialista Dominique Strauss-Khan se trata de "una muy mala operación", ya que, con este "repliegue" para cerrar el paso a la oferta italiana, Francia cierra el paso a una auténtica política energética europea en aras de un "patriotismo económico".

Tanto los trabajadores de GDF como los de EDF gozan de grandes beneficios laborales que temen perder. La empresa resultante tendrá 210.000 trabajadores, de los que 160.000 corresponden a Suez. Breton prometió ayer que no habrá reducción de empleos.