Gibraltar ¿español?

Uno de los términos políticos más odiosos es "territorios" referido a un supuesto depósito de derechos ancestrales, previos a la Constitución ("territorios históricos" como si el resto del mundo no fuera un territorio histórico también) o bien cuando al referirse a España se dice "los territorios del Estado" (¿alguien podría recordar que fue Franco el que usó por primera vez lo de Estado Español en la Junta de Burgos?) o la cohesión entre territorios, la coordinación entre territorios, la solidaridad entre territorios en una absurda metáfora que equipara la tierra que se habita con la gente que vive en ella. Los depositarios de todos los derechos son los ciudadanos. La política tiene que hacerse referida a la gente. Son las personas las que están por encima de todo. El territorio político es una milonga nacionalista, un mito más emocional que real. Lo peor es que quienes lo utilizan lo hacen con fines egoístas. Por este motivo me parece anticuada la reclamación de soberanía de Gibraltar por parte de España. ¿De verdad interesa a alguien que el Peñón pase a España? ¿Sirve para algo más que para satisfacer las pasiones nacionales? ¿No es más importante reconocer la voluntad de los llanitos? El día que España sea capaz de aceptar que la mayoría de los 30.000 gibraltareños no quiere integrarse en nuestro país es posible que hayamos iniciado un camino para resolver algunos problemas.

Es preciso tomar medidas que mejoren las condiciones de vida de la población que vive a un lado y otro de la verja. Con este fin se creó el Foro de Diálogo de Gibraltar, una vez que el Gobierno de España decidió aceptar la presencia del Gobierno del Peñón. Este foro se ha reunido varias veces para tratar asuntos importantes sobre la vida cotidiana de los vecinos de la zona, como el uso conjunto del aeropuerto, las telecomunicaciones y las pensiones de los trabajadores españoles. En ese camino hay que buscar una solución a conflictos como la llegada de submarinos atómicos, que se ha convertido en un pleito recurrente desde el Tireless, la mera aplicación del Tratado de Utrecht (que tiene ya la friolera de 293 años) a las aguas circundantes del Peñón, que evitaría situaciones como la búsqueda irregular del Sussex por una empresa de cazatesoros, los petroleros fondeados en la Bahía de Algeciras para suministro de buques que generan contaminación y problemas como el que acabó con un grupo de periodistas españoles en la cárcel hace unos años. También es urgente conseguir que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal que acepta empresas opacas que no pagan impuestos, con lo que se convierte en un foco de atracción para las mafias que operan en la Costa del Sol.

En la última reunión del foro, celebrada en el Reino Unido hace una semana, se avanzaron soluciones para los problemas de los ciudadanos, que es a lo que se deben dedicar estas reuniones tripartitas. Pero al final nos topamos con los grandes conceptos, con los valores inmutables, con la palabrería en definitiva: el escollo ahora es la modernización de la constitución de Gibraltar. Si los llanitos se pusieron estupendos en el 2002 al rechazar la cosoberanía (una buena fórmula) ahora le ha tocado el turno al Gobierno español. No sé por qué es necesario posponer la solución a problemas de la gente por la literalidad de la nueva constitución. Es un paso atrás. Es volver al patriotismo barato que llevó a España a cerrar la verja en 1969 y a los gibraltareños a rechazar la solución diplomática.

No queda más remedio que aceptar que la abrumadora mayoría (al menos el 87%) de los llanitos no quieren integrarse en España. Ni siquiera bajo la referida fórmula de la cosoberanía acordada por el Gobierno de Aznar con el de Blair. A partir de ahí hay que ir a lo sustancial. Los llanitos que decidan si quieren ser un Territorio Británico de Ultramar o cualquier otra cosa a la par que se busca una fórmula que revise y actualice el Tratado de Utrecht para conseguir la integración plena de Gibraltar en la UE. Ni los llanitos tienen que ir a Londres a operarse o hacerlo de tapadillo a costa del SAS, ni deben tener problemas para usar sus móviles, ni los trabajadores españoles pueden tener problemas con sus pensiones o para usar el aeropuerto. Estos residuos del pasado deben desaparecer en la Europa de los ciudadanos.