Gobierno central y PP se acusan en el Congreso de impedir las obras de la R-1 y el cierre de la M-50
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el diputado del PP Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, se acusaron ayer mutuamente, en el pleno del Congreso, de tratar de impedir que se ejecuten las obras del cierre de la M-50 y la radial R-1.
El diputado del PP exigió a la ministra que explique por qué el Gobierno "trata de impedir" la construcción de estos viales que, según dijo, evitarían a los madrileños los "enormes atascos" que soportan diariamente en la carretera de Burgos y en la M-40.
Fernández-Lasquetty se refirió de esta forma al "requerimiento de incompetencia" que ha presentado el Gobierno contra la Comunidad de Madrid para reivindicar una competencia sobre unas carreteras "para no construirlas".
Frente a estas afirmaciones, la ministra respondió al diputado popular que se había "inventado" esa conclusión. Así, hizo hincapié en que el Ejecutivo está "cumpliendo fielmente" su compromiso de inversiones en Madrid que, aclaró, "incluyen la búsqueda de soluciones de la M-50 y la R-1". "A ustedes les da igual hablar de terrorismo que hablar de carreteras. Mienten por sistema", sentenció Álvarez, quien recriminó al parlamentario del PP que se "invente una teoría" para después pedir explicaciones sobre la misma.
La titular de Fomento negó que el Gobierno invierta menos en infraestructuras de Madrid que en el 2004, año en que se aprobó el último presupuesto del Gobierno del PP, como había denunciado previamente el diputado, al señalar que ha destinado más dinero que la media que el Ejecutivo anterior había ejecutado en inversión. Algo que rechazó Fernández-Lasquetty, quien insistió en que "Madrid ha salido" de los planes de inversión del Gobierno desde que llegó Rodríguez Zapatero a la Presidencia.
La ministra lo negó y apuntó que el cierre de la M-50 está en "estudio de planeamiento y en información pública". "El PP ni hace ni deja hacer", añadió Magdalena Álvarez.
El diputado del PP dijo que la Constitución indica que las carreteras que discurren íntegramente por un territorio de una comunidad pueden ser construidas por el Gobierno de dicha autonomía.
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