La paz y la justicia

LAS POSIBILIDADES de un final dialogado de ETA -una vez verificado el compromiso irreversible de abandonar las armas- centró los debates del III Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo celebrado a comienzos de esta semana en Valencia. El coche-bomba explosionado frente a una discoteca del pueblo navarro de Urdax mientras la asamblea estaba cerrando sus puertas implicó un baño de realismo para los lectores optimistas de la convicción del presidente del Gobierno según la cual se habría iniciado ya "el principio del fin" del proceso de pacificación en el País Vasco. El grosero desplante a Gregorio Peces-Barba -alto comisionado de Apoyo a las Víctimas- muñido por la asociación que preside el desagradable lunático Alcaraz y que manipula soezmente el PP permite imaginar el manteo de Zapatero si se hubiese atrevido a comparecer en la reunión y el aire desestabilizador de la manifestación del sábado próximo. La doctrina de que la paz descansa sobre la justicia ha orientado las reflexiones del congreso. Pero la experiencia histórica de los procesos de reconciliación en comunidades desgarradas por conflictos étnicos, religiosos, sociales o ideológicos no avala la tesis de que la erradicación de la violencia fratricida exija la completa depuración de las responsabilidades procedentes del pasado: la pacífica transición española a la democracia estuvo movida por factores ajenos a la justicia.

El Congreso de Víctimas del Terrorismo de esta semana en Valencia se opone a que la negociación del Gobierno con ETA utilice la salida de presos como moneda de cambio

La idea de la subordinación de la paz a la justicia cobró fuerza gracias al protagonismo político en la lucha por las libertades de las víctimas que padecieron el terrorismo de Estado desencadenado por los militares golpistas del Cono Sur; las investigaciones penales, las depuraciones administrativas y las comisiones de la verdad sobre los crímenes de los sistemas dictatoriales -entendidas como prueba de la autenticidad de las transiciones- no han acompañado siempre, sin embargo, los procesos democratizadores en Europa meridional, América Latina y Europa del Este.

Sin duda alguna, las reivindicaciones defendidas por las víctimas de los regímenes autocráticos -carentes de legitimidad popular, situados por encima de las leyes e insensibles a los dictados de la moral- son incomparables con las quejas de las víctimas de los crímenes perpetrados en una sociedad democrática por una organización facciosa que niega el monopolio legítimo de la fuerza a un Estado de derecho. Los deudos de los 830 asesinados por ETA, los miles de heridos o mutilados y los supervivientes indemnes -como el ex presidente Aznar- de los atentados no invocan los principios abstractos de la justicia, sino las sentencias concretas de los tribunales para exigir el cumplimiento de los castigos previstos por unas leyes aprobadas por el Parlamento y situadas dentro del marco de la Constitución.

Pero el reinado de terror de ETA (han transcurrido tres décadas desde la muerte de Franco), la base social del nacionalismo radical que apoya o exculpa sus crímenes (pese a su ilegalización, Batasuna mantuvo el suelo electoral de 150.000 votos en las autonómicas de 2004 con un techo máximo de 223.000 en 1998), las convicciones independentistas registradas por los sondeos (en torno al 30%) y la hegemonía global en las urnas de las fuerzas nacionalistas son datos que deben ser incluidos en el análisis de ese azote de larga duración y considerable arraigo. Unos 120 militantes de ETA han perdido la vida en los ataques al sistema democrático; aunque los deudos de los asesinados por los terroristas consideren moralmente improcedente cualquier gesto de compasión hacia unos verdugos que encontraron la muerte mientras intentaban abatir a sus víctimas, el nacionalismo radical les rinde culto funerario sacro. También los sentenciados y presos preventivos de ETA encarcelados en España y Francia -actualmente casi 700- constituyen un poderoso aglutinante emocional de la organización. De ahí que las exigencias de justicia de las víctimas corran el riesgo de entrar en contradicción política y moral con los requerimientos pragmáticos de un proceso de pacificación orientado a buscar el acuerdo entre enemigos movidos por ideas, creencias y sentimientos muy diferentes.