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Ultimátum del Síndic a Blasco para que le informe sobre Rabassa

Ni Territorio ni el Ayuntamiento explican por qué se sacó el proyecto del Plan General

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, ha dado un ultimátum a la Consejería de Territorio y Vivienda que dirige Rafael Blasco para que le informe sobre el plan Rabassa, polémica urbanización de 4,6 millones de metros para construir 15.000 viviendas en Alicante al margen del PGOU. El plazo de 15 días concedido por el Síndic a la consejería ha vencido sin que ésta haya informado. El Ayuntamiento de Alicante sólo ha respondido parcialmente.

Después de varios requerimientos sin respuesta, el Síndic remitió el pasado 26 de enero un escrito a la consejería en el que advierte, "por última vez", de que si en el plazo de 15 días no le envía el informe sobre Rabassa destacará la falta de colaboración en su informe anual a las Cortes Valencianas y la calificará como organismo hostil. Los 15 días de plazo del ultimátum ya han transcurrido y, según fuentes del Síndic, que tiene su sede en Alicante, Territorio y Vivienda sigue sin remitir la documentación.

El Síndic tramita una queja presentada por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas tras la adjudicación del PAI a la compañía Viviendas Sociales del Mediterráneo, del empresario Enrique Ortiz. En concreto, el Síndic pidió a la Administración autonómica y también al Ayuntamiento de Alicante que justificaran la adjudicación al margen del PGOU, pese a tratarse de la urbanización más ambiciosa de la historia de la ciudad. También debe pronunciarse la consejería sobre la negativa a proteger las lagunas de Rabassa, en el ámbito de esta actuación.

En los escritos a las administraciones autonómica y local, el Síndic requiere explicaciones sobre las "imperiosas" razones de interés público que justifican la "legalidad, oportunidad y conveniencia" de aprobar y adjudicar el PAI de Rabassa "al margen y sin revisar previamente el Plan General de Ordenación Urbana".

El Ayuntamiento sí ha remitido informes al Síndic, aunque parciales. En un escrito dirigido al gabinete de alcaldía, del Rosal indica que el Ayuntamiento no ha contestado a tres cuestiones concretas planteadas por esta institución: informe de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda (45.000 nuevos habitantes), la cédula de urbanización y el resultado de la inspección al local abierto por la empresa para recoger solicitudes de viviendas de protección oficial.

El Síndic pidió también al alcalde un informe ambiental de los servicios municipales acerca de los motivos técnicos y ambientales que impiden declarar las lagunas de Rabassa paraje natural municipal, así como dos informes jurídicos, uno sobre la imposibilidad de reclasificar como suelo urbanizable terrenos no urbanizables de especial proyección, y otro sobre los motivos que impiden incrementar la publicidad de las obras en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

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