Columna
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Impedir el debate

Impedir el debate ha sido la estrategia que ha seguido el PP en los procesos de reforma de la estructura del Estado que se han iniciado en esta legislatura, con la única excepción del que ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana, en donde, como es sabido, el PP está en el Gobierno. O se discute en los términos en que yo decido que debe discutirse o simplemente no hay debate. Esa ha sido la posición del PP.

De ahí que el debate sobre las reformas estatutarias se haya hecho sin contar con el PP, que únicamente ha intervenido, porque no ha podido evitarlo, en el momento inicial de la toma en consideración de los proyectos o proposiciones de ley de reforma de los estatutos.

Esto es una de las cosas más llamativas de lo que está ocurriendo. El PP está convirtiendo lo que es y debería ser un puro acto de trámite en el único momento en que debate con los demás partidos políticos. Es una estrategia que han repetido en las reformas de los tres estatutos de las comunidades del artículo 151 de la Constitución, si bien con peculiaridades en cada una de ellas.

"En el caso de Andalucía el rechazo del debate por parte del PP se está llevando al límite más extremo"

En el caso vasco, que se inició cuando todavía el PP estaba en el Gobierno, se intentó impedir el debate en el Parlamento Vasco del proyecto de ley aprobado por el Gobierno Vasco mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional con base en el privilegio procesal contemplado en el artículo 161.2 de la Constitución, recurso que fue rechazado por extemporáneo por el alto tribunal. Una vez perdidas las elecciones, el PP intentó que el texto aprobado por el Parlamento Vasco no se debatiera en el Congreso de los Diputados, reclamando que fuera remitido directamente al Tribunal Constitucional, para que fuera éste y no el Congreso de los Diputados, tras el debate sobre la toma en consideración o no del mismo, el que lo rechazara. Como es sabido, al final hubo debate parlamentario y el llamado Plan Ibarretxe fue desmontado de una manera ejemplarmente democrática por el Congreso de los Diputados y no por el Tribunal Constitucional, que no debe intervenir en ningún caso para impedir el debate político.

La misma estrategia obstruccionista se ha seguido con la proposición de ley de reforma aprobada por el Parlamento de Cataluña. El PP ha pretendido que dicha proposición de ley no se llegara a debatir en el Congreso de los Diputados y, con esta finalidad, interpuso un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Congreso que admitió a trámite el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña y ordenó la tramitación correspondiente. Dicho recurso no ha sido todavía admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y no es probable que lo admita, ya que descansa en un fraude de ley obvio, como ha puesto de manifiesto el dictamen de la Junta de Fiscales conocido esta misma semana.

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En el caso de Andalucía el rechazo del debate por parte del PP se está llevando al límite más extremo. En el País Vasco y en Cataluña el PP participó en el debate parlamentario autonómico, aunque se desvinculó del resultado final del mismo. Josep Piqué, como se ha subrayado por diversos medios de comunicación estos últimos días, intervino en el debate con propuestas concretas sobre los temas más importantes sometidos a debate. Fue tras la decisión parlamentaria definitiva cuando el PP decidió ausentarse del debate y recurrir a la vía judicial constitucional para impedir su continuidad en el Congreso de los Diputados. En Andalucía, por el contrario, el PP ha decidido ausentarse del debate parlamentario autonómico desde el principio. El PP no ha participado en el debate parlamentario andaluz. No ha habido propuestas populares respecto de los diversos temas que estaban siendo debatidos, con el argumento de que había que esperar a ver que pasaba con el Estatuto catalán o con el resultado de la negociación del Gobierno con ETA. Tal posición del PP ha acabado conduciendo a que la proposición de ley de reforma ha sido elaborada sin el concurso del PP, que se ha abstenido en el Pleno del pasado jueves en la votación sobre la toma en consideración de la misma.

Qué es lo que pueda ocurrir con la reforma del Estatuto vasco es imposible de predecir. Hay problemas más urgentes a los que hay que dar respuesta previamente. Pero lo que va a ocurrir con los estatutos catalán y andaluz sí es previsible. A finales de marzo estará fijado de manera definitiva el texto de la reforma estatutaria catalana, que será sometido a referéndum, a fin de que pueda ser ratificado como Ley Orgánica por las Cortes Generales. Este proceso llevará unos meses, pero el contenido de la reforma ya estará decidido. En primavera será aprobada la proposición de ley de reforma por el Parlamento de Andalucía y será remitida al Congreso de los Diputados para su toma en consideración y para que se abra la negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y la delegación del Parlamento de Andalucía. Como muy tarde en el mes de octubre, el texto de la reforma estará definitivamente fijado.

El PP se ha quedado definitivamente fuera de la reforma estatutaria catalana y va camino de quedarse fuera de la reforma estatutaria andaluza, que, en contra de lo que dijeron ayer viernes la dirección andaluza del PP y algunos de los miembros de Andaluces Levantaos, es perfectamente "viable" sin el concurso del PP. La dirección del PP tiene todo el derecho del mundo a decidir si participa en el debate o no, pero lo que no puede impedir es que el debate se produzca y que acabe con la aprobación de un texto de reforma que va a tener plena eficacia jurídica. El PP puede participar o no en el debate, pero no puede impedir que los demás lo hagan.

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