El Gobierno creará un servicio público para luchar contra el fraude en los pisos protegidos

El Departamento de Vivienda creará un servicio público para luchar contra el fraude en los pisos protegidos, una cuestión con la que la población está muy sensibilizada. Ahora, el control corre a cargo de unos equipos de inspección contratados y supervisados por la consejería, pero no se trata de funcionarios. El parque de viviendas protegidas en Euskadi ronda las 44.000, de las que aproximadamente la mitad se encuentra en Álava. El Parlamento instó ayer al Gobierno a constituir este servicio lo antes posible. PSE, tripartito y Aralar apoyaron la propuesta.

El PP se abstuvo y EHAK no participó en el debate. La propuesta transaccionada entre el PSE los partidos del Gobierno y Aralar dio la vuelta a una moción original del PP, que prácticamente venía a pedir lo mismo pero utilizando un tono muy beligerante. Al final, la parlamentaria popular Arantza Quiroga justificó la abstención de su partido porque la moción aprobada sólo supone un intento de "maquillar" los malos resultados del Departamento de Vivienda en la lucha contra el fraude. Además, acusó al PSE de ofrecer con su apoyo "una pista de aterrizaje" a un Gobierno "que no lucha con todos los medios" contra este problema.

Los socialistas reconocieron el trabajo que en los últimos años ha desarrollado el departamento que dirige Javier Madrazo,en materia de inspección, pero recalcó que el gran volumen del parque de vivienda protegida y su constante crecimiento exige disponer de un servicio público potente y consolidado. "Cuando alguien engaña con una vivienda protegida no está engañando al Gobierno, sino que se está engañando a la sociedad en su conjunto", recalcó el parlamentario del PSE y portavoz en el debate, Jesús Loza. Esta fue la tesis en la que coincidieron todos los partidos: cualquier fraude a la Administración es rechazable, pero cuando se trata de vivienda protegida, la única a la que pueden aspirar los jóvenes vascos en un mercado con los pisos libres más caros de España, el engaño resulta aún más reprobable.

Viviendas vacías

El futuro servicio de inspección tendrá como objetivo perseguir las tres principales bolsas de fraude. La primera es la de las viviendas sociales no utilizadas por sus adjudicatarios. Los inspectores deberán comprobar los consumos de agua, gas y electricidad para certificar la situación del piso. Además, realizarán visitas y llamadas. La segunda bolsa de engaño corresponde a los casos de arrendamiento irregular. Una casa pública se puede alquilar a un tercero, pero sólo en determinadas circunstancias y a un precio establecido por el Gobierno. El arrendamiento se permite en casos excepcionales, como cuando el titular del piso es destinado temporalmente a trabajar a otra ciudad.

En tercer lugar, se encuentran las transmisiones de las viviendas. La compraventa de un piso protegido sólo puede realizarse bajo control del departamento y al precio que fija éste, que siempre estará muy por debajo del mercado libre.

Reforzar la colaboración de los ayuntamientos, notarios y registradores de la propiedad será otra de las tareas de la consejería en este sentido, tal y como le instó el Parlamento. En los dos últimos casos, el departamento ha avanzado mucho terreno. En la actualidad, ningún notario puede dar el visto bueno a una compraventa de un piso protegido sin notificárselo antes al Gobierno. Se trata de un filtro muy potente. El reto es lograr que, en las operaciones que autorice el Ejecutivo, el comprador y el vendedor no se pongan de acuerdo para entregar dinero negro bajo mano.

Vivienda inició en 2004 una campaña de inspección dividida en varias fases y territorios. En noviembre del año pasado, el consejero Madrazo presentó las primeras conclusiones, que indican que el fraude alcanza al 8% del parque de viviendas protegidas. Entre los datos más significativos figura el de los 390 casos que ya han prescrito al haber transcurrido tres años desde que se cometió la infracción. La investigación muestra que la mitad de las irregularidades (44%) responde a la desocupación de la casa. Un 23,7% de los fraudes se debe a la venta irregular del piso protegido; otro 23,4% a alquileres ilegales, y el 8,9% a concesiones en precario no autorizadas, especialmente a familiares.

Por otra parte, el Parlamento también instó al departamento a remitirle antes de abril de 2007 el proyecto de ley de Vivienda Protegida, en el que se deben tipificar las situaciones de fraude y sus correspondientes sanciones.