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El ex presidente de Adigsa declara al juez que no tenía ningún poder

Falcó exculpa ahora a Felip Puig de la contratación de un pariente

Ferran Falcó, presidente de la empresa de la Generalitat Adigsa durante el último Gobierno de CiU, abrió ayer la ronda de declaraciones ante el juez que investiga la querella de la fiscalía por el supuesto pago de comisiones en las obras de rehabilitación de viviendas. Falcó explicó ayer que sólo ejercía un cargo de representación y que el hombre fuerte de Adigsa era el consejero delegado, Josep Antoni Fondevila, también imputado y que declarará el día 23.

El contenido de la declaración de Falcó sólo se conoce por las explicaciones que ofrecieron él mismo y su abogado, Javier Melero, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona optó por grabar la comparecencia en CD y se evitó la redacción de la clásica declaración que siempre firma el imputado al acabar su comparecencia.

Según esas fuentes, Falcó se ratificó en las declaraciones que prestó en la fiscalía el pasado 26 de octubre, cuando aseguró que él "no era un presidente ejecutivo" y que su función consistía en "dar un plus de representación institucional, presencia en barrios y trato con alcaldes". Por no tener, dijo, en aquella época no tenía ni autorización para firmar en nombre de Adigsa.

Esta pretendida neutralidad del presidente de Adigsa contrasta con el hecho de que antes de ocupar ese cargo entre 2002 y 2003, fue jefe de gabinete del entonces consejero de Medio Ambiente, Felip Puig. Falcó, además, es militante de Convergència desde 1987 y, en la actualidad, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Badalona y máximo representante del partido en esa ciudad. Con todo, Falcó señaló al consejero delegado como la persona que llevaba las riendas de Adigsa y la que tenía poderes para firmar la compraventa de pisos.

Las mismas fuentes judiciales insistieron en que Falcó también declaró al juez que no recibió ninguna presión de Felip Puig para que Adigsa contratase a un pariente de éste, José María Penín. Sin embargo, en la declaración ante la fiscalía, Falcó afirmó que le dijo a Puig que alguien que era pariente suyo había pedido trabajo y que el consejero respondió: "Si encontráis el espacio y el lugar, lo metéis".

La versión que Falcó ofreció al juez fue, según su abogado, que la contratación de Penín la recomendaron y la decidieron los técnicos de Adigsa, que eran quienes le conocían. Penín trabajó como tasador de pisos de segunda mano durante 2003, pero no cobró puntualmente y optó entonces por escribir a Puig reclamándole el pago, que finalmente se hizo efectivo. Otros no tuvieron tanta suerte, como el pequeño empresario José Antonio Salguero, que denunció entonces que las comisiones que se pagaron por las obras en Adigsa llegaron a ser del 20%. Según la versión de Salguero, que también está imputado en la causa, fue Penín quien le exigió el pago de esas comisiones y quien le advirtió de que ése era el único medio de cobrar.

Antes de realizar esa denuncia, alguna persona muy vinculada a CDC intentó convencer a Salguero de que no lo hiciera, aunque el partido siempre ha negado que eso ocurriera así. Del esclarecimiento de ese episodio y de la identidad de los mediadores todavía no se ha ocupado la justicia. Pese a ese parentesco lejano, Penín declaró al fiscal que Felip Puig y el diputado convergente Oriol Pujol Ferrusola conocían y consistieron las irregularidades en Adigsa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de febrero de 2006