40 pequeños industriales luchan por mantener sus locales en una finca de Boadilla en la que llevan 20 años

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, quiere desalojar a 40 pequeños industriales de la finca La Jarana, por carecer de licencia. Ayer finalizaba el plazo, pero los empresarios se niegan a abandonar el lugar. Los afectados denuncian que les dejan en la calle sin tener en cuenta que llevan 20 años en el polígono, y que de sus negocios dependen unas 150 familias.

El dirigente socialista Rafal Simancas, que ayer visitó la finca para apoyarles, mantiene que el PP defiende los intereses de una constructora, la cual tiene previsto construir en el entorno 219 chalés de lujo. Simancas pidió al Ayuntamiento de Boadilla que facilite la reubicación de estas empresas en otro punto del municipio.

"Finca Jarana. Se alquilan naves. Carretera de Boadilla, kilómetro 7,600", reza un cartel a la entrada de las edificaciones que albergan las naves de los pequeños industriales. Allí trabajan el carpintero Antonio Mesa desde hace 18 años; el cerrajero Amador López, desde hace 17; el carpintero Esteban Ramos, desde hace 10, y un largo etcétera hasta llegar a más de 150 personas. También se alquilan pequeños cuartos a grupos de música que los usan para ensayar.

Todo cambió el 7 de diciembre cuando los empresarios recibieron una providencia del Ayuntamiento anunciando un expediente de clausura y cierre de las actividades que se ejercen en el polígono. El documento enviado por el Consistorio afirma que los negocios carecen de la preceptiva licencia municipal. Al mismo tiempo, incide en que las actividades que se ejercen son un peligro "no sólo para el medio ambiente, sino para las personas que allí se encuentran".

"Sabemos que no tenemos licencia, pero llevamos aquí muchos años, pagando impuestos y pasando inspecciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad", explica uno de los empresarios.

El alcalde de la localidad, el popular Antonio González Panero, mantiene que la única opción que tiene el Consistorio es cerrar los locales. "No podemos beneficiar a unos pocos. Podrán optar al suelo industrial que va a sacar a concurso el Ayuntamiento, pero pagando el precio que marca el mercado", afirma. Por otra parte, explica que la recalificación para poder edificar en la finca proviene del año 1993, cuando el PSOE gobernaba en la Comunidad de Madrid.

Al Grupo Municipal Socialista de Boadilla le llama la atención la "prisa repentina que le ha entrado al Ayuntamiento por desalojar a los industriales". Según Enrique Hernández, portavoz del PSOE, la razón se encuentra en el próximo desarrollo urbanístico de la zona, a cargo de la promotora inmobiliaria Azata.

La entrada a la finca estaba ayer custodiada por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. A su lado, una docena de personas mayores increparon a Simancas mientras visitaba el polígono que el Ayuntamiento quiere desmantelar. Portaban pancartas en las que se leía: "Simancas no mientas", "Simancas más R. Porta = corrupción". Y en otra: "Te costó 25 y lo vendiste por 80", en alusión a la compra y venta de su chalé en Boadilla.