"¿Por qué no pides la libertad con fianza de 200 millones de pesetas?"

"¿Por qué no pides la libertad con fianza, aunque sea de 200 millones de pesetas?". El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, hizo esta proposición al fiscal antes de que la Sección Primera del tribunal que presidía decidiera mantener en prisión a Rafael Bornia, un narcotraficante detenido tras pasar cinco años en busca y captura, y al que se intervinieron grandes cantidades de cocaína, así como 860.000 euros.

La investigación del Poder Judicial revela que Martín intercedió en favor del acusado ante los magistrados de la Sección, después de que ésta acordara que no debía salir de prisión. La Comisión Disciplinaria del CGPJ aprobó ayer expedientarle por tres faltas muy graves que podrían suponer su salida de la carrera judicial, si antes no lo expulsa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los hechos se produjeron después de que Rafael Bornia recurriera a la Audiencia el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas por el que se acordó su prisión incondicional. Antes de que el tribunal resolviera el recurso, su presidente y el hermano del enjuiciado, Julio Bornia, mantuvieron varios contactos a través de un conocido común, el empresario Wilebaldo Luis Yanes, implicado en la trama de adjudicaciones irregulares de concursos para la construcción de parques eólicos en el archipiélago, que ha acabado con la detención del ex director general de Industria del PP Celso Perdomo y su compañera sentimental, Mónica Quintana.

El magistrado y el hermano del narco -que resultó absuelto en el mismo proceso- se encontraron al menos dos veces: la primera, en el restaurante Figón de Tafira; y la segunda, "en el descansillo de acceso a su vivienda", según confirmó el propio Martín a los investigadores. Además de esas dos entrevistas, el informe recoge una decena de conversaciones telefónicas entre el magistrado, Julio Bornia y Wilebaldo Yanes. En una de ellas, celebrada el mismo día en que la Audiencia estudió el recurso, Martín dio consejos a Yanes sobre cómo debía comportarse la defensa del narco, sugiriéndole "que ofrezca fianza en la cantidad que se le diga".

Tras esta conversación, Martín intentó convencer al fiscal y a los magistrados de la Sección Primera del Tribunal, José Luis Goizueta y Emilio Moya, para que acordaran la libertad bajo fianza. Martín preguntó a estos últimos por qué no fijaban al narco una fianza de un millón de euros. Los jueces, extrañados por la sugerencia, contestaron que la decisión de mantenerlo en la cárcel estaba clara debido a la gravedad del delito, la cantidad de cocaína de la que la policía se incautó en la operación, el alto nivel económico del acusado con su consiguiente riesgo de fuga y los cinco años y medio que había pasado en busca y captura antes de su detención.

Cambio de argumento

Al ver que no los convencía, el presidente de la Audiencia Provincial cambió de argumento para plantear la posibilidad de que el delito hubiera prescrito. Pero el magistrado Goizueta le recordó que el tribunal ya había negado esa posibilidad en un auto anterior.

Por último, Martín propuso que en el auto por el que se rechazaba la puesta en libertad del acusado, se incluyera una coletilla en la que se hiciera constar que la prisión se revisaría cuando la causa llegara a la Audiencia Provincial -tras la sentencia del juzgado de lo Penal al que correspondiera-, lo que también fue rechazado de plano por el resto de magistrados.

Los jueces salieron enfadados de aquella reunión, que duró más de una hora, según dijo a los inspectores la Secretaria Judicial, cuyo despacho se encuentra muy próximo al de Goizueta, donde se produjo la deliberación. Este último, una vez concluido el encuentro, llegó a decir delante de todos un tanto airado: "¡Quería poner una fianza!". Tras resolver el recurso, que mantuvo a Rafael Bornia en prisión, Martín volvió a conversar telefónicamente con Wilebaldo Luis Yanes y con el hermano del preso, Julio Bornia.

El fiscal considera que la persistente insistencia del presidente de la Audiencia en lograr la libertad del narco, podría suponer los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios y cohecho. Al tratarse de una persona aforada, el proceso se desarrolla en la Sala Primera del TSJC.

Además, el Consejo General del Poder Judicial decidió ayer expedientar a Martín por considerar que debía abstenerse al tener interés en la causa, por llevar a cabo actividades incompatibles con el cargo de juez como prestar cualquier tipo de asesoramiento jurídico retribuido o no, y por entrometerse en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otros jueces o magistrados. El instructor del expediente será el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño. Las tres faltas son muy graves, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, si no lo condena antes el TSJC, podrían terminar con su expulsión de la magistratura.