Desmantelada una red que defraudó tres millones en cursos de formación

La Guardia Civil ha desarticulado en Cádiz, Sevilla y otras provincias, una trama de empresarios, sindicalistas y trabajadores que defraudaron tres millones de euros de fondos europeos que solicitaban para cursos de formación que nunca se llegaron a impartir. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Cádiz, Antonio Dichas, ofrecerán hoy todos los pormenores de esta compleja operación, en la que estarían implicadas las empresas de formación CES, Actor 2000, Gesemfor y Explotaciones Hosteleras y Formativas Costa de la Luz, además de otras 17 compañías que recibían supuestamente esos cursos.

Las empresas de formación pagaban a las que recibían los cursos un 10% del total de la subvención percibida, según indicaron fuentes de la investigación. Los cabecillas de esta organización serían, según la Guardia Civil, J. L. R. M. y J. L. C. S., a los que se atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y fraude. Estas personas aparecen en la investigación como promotores de empresas de formación, profesores de cursos e incluso alumnos. La investigación ha recabado el testimonio de numerosos empleados de distintas empresas que recibieron diplomas sin efectuar ninguno de los cursos, que habían sido subvencionados por la Unión Europea.

Sindicalistas implicados

El balance final de la actuación supera la veintena de detenidos. La Guardia Civil tiene confirmado un fraude de al menos tres millones de euros, pero fuentes del cuerpo consideran que el montante total defraudado podría superar los ocho millones. Entre los detenidos figuran conocidos sindicalistas de Sevilla y Cádiz.

La investigación se inició hace seis años tras varias denuncias de particulares. El entonces fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, tramitó algunas denuncias e inició otra investigación. Los fondos defraudados corresponden a partidas concedidas por la Unión Europea para la formación de trabajadores y desempleados. Estas ayudas incluían una dotación para que los empresarios pudieran sustituir a los empleados que se beneficiaban supuestamente de los cursos. El objetivo de este fondo era que las empresas no soportaran el coste del aprendizaje de la plantilla.

Sin embargo, las empresas implicadas se embolsaban este dinero y no sustituían al trabajador que iba a completar su formación ya que los cursos eran falsos y el empleado no abandonaba nunca su puesto. De esta forma, los cursos, que se comunicaban oficialmente y se publicitaban, nunca se llegaron a impartir, aunque sí se cobraron las subvenciones. La investigación, que afecta a varias provincias de Andalucía, a Murcia y a Madrid, la dirige el juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana (Cádiz). La denuncia de uno de los profesores de las empresas de formación ha sido definitiva para desencadenar la investigación judicial que ha concluido con la detención de más de 20 personas.