Salvar Haití

Lo que le faltaba a un país tan provisional como Haití es la sospecha de fraude electoral, atizada por el hecho de que después de una semana sigan sin hacerse públicos los resultados definitivos de los comicios presidenciales. El candidato al que todos, incluidos los observadores internacionales, daban hace unos días como ganador indiscutible, el ex presidente René Preval, campeón de los más desheredados, parece que habrá de disputar una segunda vuelta el mes próximo, al no alcanzar el 50% de los sufragios. Sus partidarios se han echado a las calles y mantenían anoche Puerto Príncipe al borde del estallido.

Haití es un enfermo comatoso, más atribulado que nunca dos años después de que fuera depuesto el presidente Jean Bertrand Aristide con el visto bueno de Washington. Nueve mil soldados y policías de la ONU, entre ellos 200 infantes de Marina españoles, intentan con escaso éxito ayudar a estabilizar la mitad occidental de La Española y alejar el fantasma de la guerra civil del país más miserable y socialmente fracturado de América. Haití no tiene instituciones políticas dignas de tal nombre y su espectro político está tan fragmentado como es imaginable. En zonas enteras de la capital, donde florecen secuestros y asesinatos, pistoleros de toda laya están frecuentemente asociados con la policía, mientras las criticadas fuerzas de pacificación de la ONU bastante tienen con protegerse a sí mismas. En este dramático contexto, la próxima retirada de nuestro contingente, anunciada por el ministro Bono, ha caído como un jarro de agua fría en Naciones Unidas, que ha solicitado al Gobierno español que reconsidere su decisión.

Haití nunca ha conocido una segunda vuelta electoral. No ha sido necesaria en un lugar donde se llega al poder mediante un golpe o a través de mayorías tan abrumadoras como irreales. Hace seis años, las acusaciones de fraude liquidaron la credibilidad de los comicios que llevaron a Aristide al poder con más del 91% de los votos. Pero con o sin segunda ronda, las recientes elecciones, celebradas después de cuatro aplazamientos, tan caóticas como pacíficas, deberían ser el punto de partida para reconstruir el tejido político-social del país caribeño y acelerar la ayuda internacional que permita a este Estado fallido escapar a la desintegración. En este empeño, el papel de la ONU es tan insustituible como decisivo, y España debería formar parte del reparto.