La Fiscalía considera que el texto en trámite no es lesivo para el PP

El informe encargado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a la Secretaría Técnica de la Fiscalía asegura que la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar la reforma del Estatuto catalán no ha lesionado el derecho de los diputados del PP a ejercer sus funciones representativas, y "de ninguna manera puede conducir a una reforma encubierta de la Constitución". Este informe será debatido hoy para aunar criterios en la Junta de Fiscales de Sala, ante las discrepancias surgidas entre los fiscales del Tribunal Constitucional sobre el sentido del informe a presentar.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y los 19 fiscales de la máxima categoría de la carrera debatirán esta mañana el informe definitivo a presentar el próximo viernes al Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo del PP contra el Estatuto de Cataluña.

La Junta debatirá tres informes: el del fiscal jefe ante el Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, fiscal del Estado con el PP, y que respalda sin ambages el recurso, apoyado por otros cuatro fiscales; el informe que presentará el teniente fiscal ante el Constitucional, Olayo González Soler, secundado por otros dos fiscales, y el de la Secretaría Técnica, elaborado por encargo del fiscal general.

Este último, conocido ayer, asegura que "no es posible una reforma encubierta de la Constitución", puesto que una reforma que, según el PP, no podría ser neutralizada jurisdiccionalmente, "es algo por completo inconcebible e inviable en el sistema jurídico-constitucional español".

Para que una iniciativa parlamentaria pudiera abocar a una "mutación encubierta" de la Constitución sería necesario, dice el informe, que el Tribunal Constitucional declarase en su momento "que una norma jurídica es ajustada a la Constitución, a sabiendas de que no lo es".

Juicio anticipado

Otra de las líneas directrices del escrito es que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. "Con ello tan sólo podría obtenerse el resultado, no querido ni permitido por el ordenamiento jurídico, de anticipar indebidamente un juicio de constitucionalidad acerca del fondo del asunto en un momento manifiestamente extemporáneo e inidóneos para ello".

Otra de las ideas centrales del informe de la Secretaría Técnica es que la Mesa del Congreso carece de facultades para "variar la voluntad" del Parlamento de Cataluña. Es decir, si se tramitase la reforma del Estatuto como reforma constitucional, "se cambiaría el sentido y la finalidad de la proposición de ley" remitida al Congreso por el Parlamento de Cataluña, "lo que excede de las facultades de la Mesa del Congreso".

Finalmente, el informe descarta que la tramitación del Estatuto lesione los derechos de los diputados del PP, "puesto que dichas resoluciones no restringen en absoluto el derecho de éstos a debatir en condiciones de igualdad y rechazar con su voto el texto propuesto".

Dado que el Tribunal Constitucional ha declarado que el control de constitucionalidad sólo puede llevarse a cabo respecto de normas jurídicas vigentes, y no de propuestas o proyectos, anticipar a ese momento el examen de constitucionalidad, podría comportar un "fraude de ley", concluye el informe.

En el mismo sentido, el teniente fiscal del Constitucional informará de que la demanda de amparo no se dirige contra una lesión constitucional, sino contra una eventual actividad de reforma subrepticia o fraudulenta de la Constitución, "de modo que resultaría prematura".

El informe del fiscal jefe del Constitucional, que obtuvo el respaldo de la mayoría por cinco votos a tres, no se limita a cuestiones de admisibilidad, sino que entra en el fondo del asunto sin tapujos y afirma que la reforma del Estatuto "rebasa claramente los límites y pretende reforma la propia Constitución".

Ortiz Úrculo, que firma el informe, basa tal apreciación en que "basta leer" el texto de la "supuesta reforma" del Estatuto y "la opinión unánime de los medios de comunicación de los mismos promotores del proyecto" (sic). Según Úrculo, el acuerdo de la Mesa [del Congreso] es "arbitrario" y lesiona los derechos de los diputados del Partido Popular.