Un colectivo cívico recurre al TSJ el plan general de Guadalest por incumplir la Ley de Patrimonio

Una entidad cívica de Guadalest ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad por entender que el documento no garantiza la conservación del patrimonio. La localidad fue declarada conjunto histórico-artístico en 1974 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985. Los recurrentes denuncian que el nuevo planeamiento vulnera las leyes estatal y valenciana del Patrimonio y solicitan la suspensión cautelar del documento, aprobado en 2004.

Denuncian el "grave impacto visual" de futuras urbanizaciones en suelo protegido

Los promotores del recurso contencioso-administrativo ante el TSJ contra el planeamiento, la asociación cultural Ventpluig -que agrupa a una veintena de grupos culturales del valle de Guadalest- justifican la demanda de suspensión cautelar del PGOU ante el inicio del desarrollo del sector Mas de la Mona, que incluye la construcción de un hotel, una estación de servicio y un museo, y la urbanización prevista en la partida rural de Ferraget. Las futuras edificaciones suponen un "grave impacto visual en el conjunto histórico", precisa el recurso de Ventpluig.

Los recurrentes resaltan que el Ayuntamiento, en manos del PP y sin oposición desde 1976, no tramitó el obligatorio Plan Especial de Protección del BIC (conjunto histórico y monumentos, como el castillo de Sant Josep y de la Alcoçaiba) y su entorno antes de la aprobación definitiva del PGOU por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo, el 29 de junio de 2004. Ese documento es preceptivo, según la ley 16/1985 de Protección del Patrimonio Histórico Español y la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. "No es posible, sin la previa infracción y fraude de ley, aprobar definitivamente e iniciar o modificar el PGOU, sin que previamente y por mandato imperativo se haya realizado el plan especial. Cualquier otra actuación por parte de las administraciones es un burla al ordenamiento jurídico", recoge el recurso en el apartado de exposición de motivos.

En cuanto a la aprobación definitiva del PGOU, Ventpluig destaca que ésta se condicionó a subsanación de la documentación presentada en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos para la proyectada urbanización en la partida de Ferraget, un área 220.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable de especial protección, en pleno valle de Guadalest, recalificada como residencial en el nuevo PGOU. Para los denunciantes, ninguno de estos aspectos se ha corregido, por no existe ningún informe oficial de la Confederación Hidrográfica del Júcar que acredite la citada capacidad de abastecimiento de agua de la futura urbanización. "Lo único que se aporta es un certificado emitido por el propio Ayuntamiento que remite al estudio de impacto ambiental del PGOU, en el que constata, a su vez, que el suministro y el caudal se certifica por datos proporcionados por el Ayuntamiento", argumenta el recurso.

La urbanización de la partida Ferraget la promueve el constructor Vicente Pérez Valls, también militante del PP. Este empresario es socio, en la firma El Vall Materiales y Obras, SL, de Juan Collantes, concejal de Aguas y Medio Ambiente de Guadalest. La futura urbanización elevaría la población en 2.000 habitantes, respecto a los 207 actualmente censados.

Las entidades cívicas trasladan al TSJ que el PGOU tampoco incluye normativa específica para la protección visual del conjunto histórico y errores y omisiones en las fichas del catálogo de elementos y edificios protegidos, al no calificar como BIC el castillo de Sant Josep, de la Alcoçaiba, el Portal de Sant Josep y las murallas. Otros, como la Casa de Orduña y el edificio del Ayuntamiento-prisión, Escudos y Cruz de Malta no tienen ningún tipo de calificación, ni como BIC ni como Bienes de Relevancia Local.

Por último, la demanda incluye diversas agresiones al BIC y su entorno en el periodo de redacción del PGOU, cuyos trabajos comenzaron en 2001. En este sentido, el colectivo Ventpluig destaca, entre otras, las obras de restauración del castillo y cementerio sin autorización de la Consejería de Cultura, la desaparición de un bien mueble -un cuadro de la batalla de Almansa- propiedad de la corporación local, de la Casa Orduña o la utilización como vertedero de la ladera de la roca donde se asienta la muralla del castillo.