Los regantes con pozos solicitan una moratoria de las sanciones

La Asociación de Regantes de La Loma, en Jaén, ha pedido una moratoria al Gobierno para que cesen los expedientes sancionadores por la explotación de pozos subterráneos, por cuanto ahora se prepara una nueva Ley de Aguas que pretende regularizar muchos de estos acuíferos. El pasado año la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) abrió medio centenar de expedientes por el uso de acuíferos sin legalizar a regantes de esta asociación. Estos expedientes conllevan propuestas de sanción que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros. La situación es especialmente delicada para los 10.000 agricultores que explotan el acuífero de La Loma para el riego de unas 25.000 hectáreas de olivar.

La Asociación de Regantes confía en que mientras se aprueba y entra en vigor el nuevo texto legislativo, "se deje de sancionar a los agricultores", al tiempo que exigió a la CHG una moratoria en las sanciones sobre el uso de acuíferos hasta que termine la sequía. Cristóbal Gallego, coordinador de esa asociación de regantes, reclamó la inmediata resolución favorable de todos los expedientes sancionadores y añadió que la solución pasa por "regularizar y ordenar el aprovechamiento del acuífero para una explotación racional del mismo". Gallego ha recordado que la mayoría de los regantes sancionados ya habían presentado su solicitud hace años para obtener el permiso correspondiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Propuestas

La nueva Ley de Aguas se basará en las conclusiones del grupo de trabajo de Aguas Subterráneas que ha recogido las propuestas de los grupos y colectivos implicados directa o indirectamente con las aguas subterráneas, entre ellos las comunidades de usuarios y los propios usuarios de aguas subterráneas. Los agricultores jiennenses cree que el objetivo debe ser "garantizar el suministro y el servicio en un contexto de desarrollo sostenible". Los regantes quieren reunirse con la CHG para someter a su aprobación un "programa de acción" con el fin de constituir la comunidad de usuarios y el establecimiento de las acciones para gestionar del agua subterránea.

Los agricultores consideran que las aguas subterráneas han sido "las grandes olvidadas" tradicionalmente. De hecho, hasta el año 1985 no tenían carácter público, por lo que el dueño de los pozos era el que sacaba una bolsa de agua. A raíz de la sequía de la pasada década la proliferación de pozos subterráneos se fue extendiendo en todas las comarcas agrícolas, hasta el punto de que en algunas zonas se ha llegado a la sobreexplotación de los mismos, con perforaciones que superan incluso los 700 metros.