IU acusa a la Comunidad de manipular el trámite para hacer autovía la M-501

La tramitación del proyecto para convertir en autovía la M-501 (carretera de los pantanos) es "nula de pleno derecho" porque falta la declaración de impacto ambiental. Así lo cree el diputado de IU Fausto Fernández, que el jueves acusó en la Asamblea al Ejecutivo de Esperanza Aguirre de "manipular intencionadamente el procedimiento". La consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, replicó que la tramitación es "legal". IU estudia denunciar al Gobierno por prevaricación.

"El proyecto exige de forma obligatoria e inexcusable la formulación de una declaración de impacto ambiental", afirmó Fernández. Según el diputado de IU, el Gobierno regional ha eludido esta obligación y, en su lugar, "ha revitalizado" una evaluación de 1998 (cuando era presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón) y que, en su opinión, está "legalmente caducada".

Lo justificó en varias razones. Una es que la propia declaración limitaba su eficacia a un año. Pasado el plazo, "la realización del proyecto comportará la tramitación de un nuevo expediente", decía el texto. Otra es que la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid establece una duración máxima de dos años para las declaraciones. "Incluso con la legislación anterior a la que el Gobierno regional aprobó en 2002, la declaración nunca tiene una vigencia superior a los 18 meses", precisó el diputado.

Fernández abundó en que, para saltarse esta obligación, el actual Gobierno regional ha declarado la obra de interés general. "Pero eso no exime de la declaración de impacto medioambiental", puntualizó. Por eso, consideró que si el proyecto es nulo, también lo son los actos derivados de él.

Entre ellos enumeró el acuerdo del Gobierno de julio de 2005 que declaró de interés general los trabajos, la resolución que aprobó el proyecto, la orden que declara los expedientes de expropiación forzosa y la licitación de la obra el pasado 12 de enero. "Están en la ilegalidad", recalcó Fernández, que reclamó a Transportes que reinicie el proceso, "con todas las bendiciones legales".

No consiguió hacer cambiar de posición a la consejera de Transportes e Infraestructuras, que dijo que el proceso "está de acuerdo con la legalidad vigente". Según ella, la declaración de 1998 sobre la M-501 era favorable en un tramo (hasta Quijorna), donde indicaba las condiciones que debía cumplir la obra, y sólo en ese caso está caducada.

También aludió al segundo tramo (de Quijorna hasta Ávila), que, precisó, la evaluación consideró desfavorable. "Si la declaración es negativa, no se puede hablar de caducidad. Ése es el error de sus informes", puntualizó. "Si es desfavorable, no se le imponen condiciones y no se pueden cumplir o dejar de cumplir".

Fernández dijo ayer que sus abogados estudian poner una demanda penal por prevaricación, "si el Gobierno no rectifica".