La Junta entrega las viviendas sociales de Jaén con la incertidumbre del recurso ante el TSJA

La Junta de Andalucía entregó ayer las 69 llaves restantes a otros tantos adjudicatarios de las 91 viviendas de promoción pública construidas en la zona norte de Jaén. Lo hizo advirtiendo de que se trata de un acto provisional por cuanto se mantiene la amenaza del recurso interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la asociación de vecinos Expansión Norte que, en caso de prosperar, podría provocar el desalojo de los inquilinos. Para facilitar la integración en su nuevo barrio de los adjudicatarios, que proceden de barrios marginales de la zona sur de Jaén, la Junta se ha comprometido a contratar a un trabajador social y a un educador.

El pasado día 2, la Junta, que construyó los pisos sociales, y el Ayuntamiento de Jaén, responsable de su adjudicación, entregaron las primeras 32 llaves a las familias beneficiadas. Sin embargo, apenas unas horas después, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizaba, como medida cautelar, la entrega de las casas al atender el recurso de la asociación vecinal Expansión Norte contra los criterios de adjudicación seguidos.

El auto se recibió como un jarro de agua fría por los adjudicatarios, en especial por los que debían recibir las llaves los días 9 y 16. Sin embargo, la Delegación de Obras Públicas, que interpuso el martes un recurso de súplica contra el auto del TSJA, decidió ayer, tras intensas horas de estudio por parte de los servicios jurídicos y la implicación final de la consejera, Concepción Gutiérrez, realizar una entrega provisional de las 69 llaves que aún estaban pendientes.

El delegado de Obras Públicas en Jaén, Manuel López, señaló ayer que en la decisión de la Junta se ha antepuesto "el derecho a una vivienda" que tienen los adjudicatarios -que llevan casi tres años esperando la entrega de las casas- a esperar a la resolución de los dos recursos que tiene interpuesto en el TSJA la asociación de vecinos Expansión Norte, uno contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento y otro contra la resolución de Obras Públicas sobre la adjudicación definitiva.

Manuel López dijo que esos recursos pueden tardar en resolverse dos o tres años, pero admitió que, en caso de dar la razón a Expansión Norte, provocaría "una situación de locura", en alusión a la complejidad jurídica y social que acompaña a este culebrón. Ante esta hipótesis, la Junta ha decidido entregar las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler con un contrato de arrendamiento para un año, algo inusual en este tipo de promociones.

Manuel López reconoció que la solución definitiva al conflicto pasa por la retirada de los recursos de Expansión Norte. Ahora bien, el delegado advirtió de que la asociación vecinal debe adoptar esa decisión "sin presiones" externas, en alusión a las fuertes críticas que están recibiendo en los últimos días por los adjudicatarios de los pisos, que ha llevado incluso al colectivo vecinal a pedir protección policial para celebrar sus reuniones. "Nunca se puede criminalizar a nadie que ejerce un derecho legítimo", dijo el delegado.

Consciente del clima de tensión que se vive en el barrio de Expansión Norte, la Junta ha decidido contratar a un trabajador social y a un educador para facilitar la integración social de los inquilinos en el barrio. "Son necesarios mecanismos de apoyo social que debería haber previsto el Ayuntamiento", apuntó López.

Servicios sociales

En un comunicado emitido el pasado 24 de noviembre, la asociación Expansión Norte advertía a la Junta y al Ayuntamiento de que "la adjudicación sin más de una vivienda no es útil para la integración, si no va a acompañada de unos servicios sociales y, por supuesto, de unos servicios públicos generales de los que carece este barrio".

Además, Expansión Norte confiaba en una integración "normal" de estos vecinos en el barrio, pero de ocurrir cualquier situación tensa "se les exigirá las oportunas responsabilidades a ambas".

Sin embargo, el portavoz de los adjudicatarios, Francisco Heredia, decía la semana pasada: "Si no levantan la demanda quizás la convivencia sea imposible". Heredia, que reclamó "educación y dignidad" al colectivo vecinal, recordaba que "hay personas durmiendo en la calle por culpa de la asociación".