La Cámara comienza la reforma de su reglamento

La ponencia del Parlamento vasco encargada de la reforma de su reglamento celebra hoy su primera reunión, después de que todos los grupos presentasen a finales del pasado año sus respectivas propuestas sobre esta materia. La modificación del reglamento, un texto que todos los grupos consideran obsoleto e inconcreto, va a ser una de las tareas más importantes a la que se enfrente la Cámara de Vitoria durante la presente legislatura.

La ponencia, que en su reunión de esta mañana determinará su metodología de trabajo, utilizará como punto de partida el dictamen formulado en junio de 1998 por la Comisión de Urgencia Legislativa. Este documento no fue ratificado en el pleno por el desacuerdo entre los grupos respecto a la obligatoriedad o no de jurar la Constitución para poder acceder al escaño.

Los grupos han presentado ya sus enmiendas a este texto y todo apunta a que, nuevamente, volverá a ser una cuestión de discordia entre los partidos el acatamiento o no de la Constitución. Los grupos del tripartito EHAK y Aralar no lo creen necesario, mientras que socialistas y populares consideran que es una condición precisa para lograr al acta de parlamentario. Pese a esta dificultad, los socialistas confían en que "lo que ha sido hasta ahora el principal escollo deje de serlo". En este sentido, el parlamentario del PSE Óscar Rodríguez propuso ayer que los grupos acudan a la ponencia con "espíritu constructivo" y pongan aquello que les une por encima de lo que les separa. Rodríguez estimó que "se dan las condiciones para que de aquí al verano se produzcan avances" en la negociación, si bien su grupo "no va a renunciar a sus principios, la defensa de la Constitución y el Estatuto".

Junto a las cuestiones relativas al acatamiento de la Carta Magna, las demás modificaciones planteadas por los grupos hacen referencia a cuestiones relacionadas con la adecuación del actual texto a la perspectiva de género, la apertura del Legislativo a la sociedad y el fomento de la transparencia, la conciliación de la vida familiar y laboral o la regulación del voto en casos de ausencia por fuerza mayor.

También se propone otra serie de cambios relativos al uso del euskera, para la mejora de la función de control del Parlamento al Gobierno y sobre las infracciones y sanciones por incumplimiento de los deberes parlamentarios, entre otros.