La Confederación Hidrográfica ordena precintar seis pozos ilegales

La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, va a precintar en las próximas semanas seis pozos ilegales que ha descubierto en urbanizaciones e industrias de la Comunidad. Según los inspectores de este organismo, estas instalaciones han podido extraer 600.000 metros cúbicos al año, lo que equivale a un tercio del consumo diario de población de la capital. Estas actuaciones, según un portavoz de la Confederación, se enmarcan en la política de estricta vigilancia en el consumo ilegal de agua ante la sequía que sufre la región.

Desde el pasado agosto han sido inspeccionados 500 pozos en la Comunidad. El control de 400 de ellos ha corrido a cargo de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, y los 100 restantes han sido visitados por inspectores de la propia Confederación. Estos trabajos han permitido abrir 128 expedientes sancionadores. Tras esta campaña de vigilancia, la Confederación ha decidido actuar sobre 12 pozos ilegales de la región. "En las próximas semanas serán precintados seis de estos pozos y después se hará igual con otros seis", según la Confederación

El pasado otoño, la Confederación Hidrográfica del Tajo precintó cinco pozos ilegales de los que obtenían agua tres campos de golf: el RACE (San Sebastián de los Reyes), el Club del Olivar de la Hinojosa (Madrid) y el de Villanueva de la Cañada. De los 29 campos que hay en la Comunidad, 14 tienen abiertos expedientes sancionadores.

Según los expedientes sancionadores, estas extracciones disponían de conexión directa con los campos de golf a través de tuberías. El agua se sacaba con bombas -con una potencia de entre 90 y 100 caballos-, lo que, según un portavoz de la Confederación Hidrográfica del Tajo, detraía de los acuíferos de la Comunidad cientos de miles de metros cúbicos de agua al año.

El presidente de la Confederación, José María Macías Márquez, dio orden de intervenir dentro de la política de vigilancia en el consumo ilegal de agua, que, ante la sequía que sufre la región, se ha redoblado.

Cada año son extraídos unos 70 hectómetros cúbicos de agua de los casi 19.000 pozos irregulares que hay en la Comunidad, según la Confederación Hidrográfica del Tajo. Estos 70 hectómetros suponen el 12% del agua que se consume en la región durante un año (600 hectómetros cúbicos). Además de estos pozos, hay 4.400 que sí cuentan con la necesaria concesión del Ministerio de Medio Ambiente.

La región dispone de una gran reserva de agua en el acuífero terciario detrítico -unos tres billones de litros- que está a una profundidad de al menos 20 metros. Las últimas inspecciones han descubierto importantes descensos en algunos puntos de la Comunidad.

Los pozos que la Confederación Hidrográfica del Tajo clausuró proporcionaban agua a tres campos de golf con gran actividad. El campo del Real Automóvil Club de España (RACE) disponía de uno; dos abastecían al Club del Olivar de la Hinojosa (Madrid), y otros dos al de Villanueva de la Cañada. Inspectores de la Confederación Hidrográfica del Tajo comprobaron la actividad de estos pozos y el destino del agua. Los pozos, alguno de los cuales tiene unos 200 metros de profundidad, permitían regar las praderas de estas instalaciones de golf a costa de mermar el acuífero detrítico de Madrid.

La Confederación Hidrográfica del Tajo está dispuesta a actuar contra el regadío ilegal en los campos de golf y también contra la sustracción de agua a través de pozos ilegales situados en urbanizaciones. Según un portavoz de este organismo, en los últimos meses se han incrementado las inspecciones para detectar estas instalaciones.

Amnistía

El Ministerio de Medio Ambiente estudia amnistiar a la mayoría de los pozos ilegales. La medida, incluida en el borrador de reforma de la Ley de Aguas preparado por técnicos del ministerio y la universidad, supone dar agua subterránea a miles de pozos ilegales, siempre que los regantes no extraigan más agua de la que recibe el acuífero cada año. Medio Ambiente insiste en que el borrador está en estudio y sujeto a cambios, mientras que los agricultores apoyan el texto y los ecologistas critican la medida.

Una disposición adicional del borrador establece varias fórmulas de legalización de "los aprovechamientos de manantiales o de aguas subterráneas no inscritos en el registro". Quienes demuestren que su pozo es anterior a 1986 "podrán optar por su inclusión en el catálogo de aguas privadas o como aprovechamiento temporal" hasta el 31 de diciembre de 2035. Después de ese plazo "tendrán derecho" a una concesión de agua.

Para los pozos excavados con posterioridad a 1986 y anteriores a los planes de cuenca (elaborados alrededor de 1995), el texto prevé otorgarles "la oportuna concesión, que finalizará el 31 de diciembre de 2035". Para esta concesión, el borrador exige que los regantes de un acuífero estén previamente asociados en una comunidad de usuarios que controle el reparto de caudales. Los pozos posteriores "podrán ser objeto de concesión".

El borrador establece que el caudal que obtengan estos pozos no podrá suponer merma para los regantes que ya tienen sus extracciones legalmente ni podrá superar la cantidad de agua que anualmente llega al acuífero. El borrador también propone cerrar todos los pozos en desuso y que los que funcionen estén dotados de un contador de agua.